Santander, vertido de escorias en el entorno de La Garma

«Actuación urbanísticamente incompatible, que está expresamente prohibida por la normativa regional de residuos y el Plan de Protección del conjunto arqueológico», afirma la organización ecologista, que afirma que la autora de los rellenos fue la empresa CODEFER.

Ecologistas en Acción ha denunciado este jueves que el entorno de protección del conjunto arqueológico de la Garma, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se ha visto afectado por un vertido de 11.000 toneladas de residuos industriales.

En un comunicado de prensa, EA denuncia que el alcalde del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar autorizó, a instancia del pedáneo de Carriazo, la demolición de los edificios de un antiguo polvorín y el relleno con escorias de siderurgia, de una parcela calificada de especial protección ambiental.

«Actuación urbanísticamente incompatible, que está expresamente prohibida por la normativa regional de residuos y el Plan de Protección del conjunto arqueológico», afirma la organización ecologista, que afirma que la autora de los rellenos fue la empresa CODEFER.

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EA advierte que las escorias de siderurgia son residuos con un alto contenido en metales pesados, particularmente cromo, además de un elevado pH. Asimismo, señala que el informe realizado por parte de la Dirección General de Cultura destaca «el enorme valor arqueológico del yacimiento, la gran vulnerabilidad del mismo desde el punto de vista hidrogeológico y la incompatibilidad del relleno realizado con el Plan Especial de Protección».

Para Ecologistas en Acción, son hechos de «una extrema gravedad» que, «más allá de la mera autoría de los mismos, implican también graves responsabilidades por parte del propio Ayuntamiento al otorgar este permiso».

EA afirma que «lamentablemente, éste no deja de ser un triste episodio más de las múltiples y graves irregularidades que se están dando en la gestión de residuos industriales, en particular de las escorias, que están regando literalmente nuestra geografía regional».

Por último, denuncia la inhibición por parte de la Consejería de Medio Ambiente «de sus más elementales labores de control e inspección, que en muchos casos alcanza la negligencia más absoluta -dice-, generando situaciones de grave impacto ambiental cuya subsanación supone elevadísimos costes económicos que amenazan al erario público por la manifiesta insolvencia de los responsables de estos vertidos».

ep

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