La comunicación que el Organismo hace a la entidad ecologista está en relación ocn el expediente sancionador contra este ayuntamiento por el «incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de vertido otorgada al superar el caudal máximo autorizado y las normas de calidad para el parámetro del amonio».
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil acaba de remitir a Amigos da Terra, nuestro grupo local en Galicia, la propuesta de resolución del expediente sancionador contra el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas (Ourense) por los vertidos realizados en el pasado mes de agosto al río Barbaña y que habían sido denunciados por Amigos da Terra y otros colectivos, además de varios particulares, con una multa de 10.000 €.
La comunicación que el Organismo hace a la entidad ecologista está en relación ocn el expediente sancionador contra este ayuntamiento por el «incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de vertido otorgada al superar el caudal máximo autorizado y las normas de calidad para el parámetro del amonio».
Tenemos que señalar que desde la Confederación Hidrográfica Miño-Sil ya manifestaron anteriormente la «la conducta reiterada antijurídica del Ayuntamiento de San Cibrao», siendo este sancionado en múltiples ocasiones desde los años 2006 hasta la actualidad por el incumplimiento de las autorizaciones de vertidos.
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Esta manía, reiterada y pertinaz, de infringir la legalidad llevó al organismo de cuenca a imponer la sanción máxima prevista en la ley para este vertido, que en esta ocasión esta tipificado como leve. Pero esta nueva multa es solo la última de una larga lista, de por lo menos 10 expedientes en los últimos 5 años, entre los que destaca la sanción por un importe superior a los 114.000 euros por unos vertidos realizados en marzo de 2010. Y aún queda pendiente la resolución de un caso mucho más grave, que está en vía judicial por delito ecológico. Se trata de un vertido que se provovó en junio de 2009 y que causó la muerte de 17.000 pescados y daños a la flora de ribera.
Es particularmente vergonzoso que una administración pública, que debería servir de ejemplo ante ciudadanía y empresas, lidere la vulneración de la legalidad ambiental y para más bochorno lo haga de manera reiterada y sin emprender ninguna medida para corregir el daño ambiental que causa ni poner en marcha acciones preventivas eficaces que eviten nuevos daños ambientales, y las consecuentes sanciones. Otras víctimas de este modelo de gestión municipal lo son también las vecinas y vecinos de este ayuntamiento, que además de perder calidad ambiental en su territorio, pierden cuantioso dinero público, de todos y todas, que se destinará al pago de estas sanciones en vez de ser transformado en servicios públicos para la ciudadanía del municipio.
También demandamos la aplicación de otro tipo de sanciones denominadas funcionales, como la revocación de autorizaciones o el cierre de instalaciones más allá de la publicación de los datos de aquellas entidades que dañan al medio ambiente y ponen en peligro la salud de las personas. Está claro que esta depuradora no funciona debidamente y debe de ser sustituida por una nueva infraestructura, adecuada las necesidades presentes y futuras, que garantice el adecuado tratamiento de las aguas residuales antes de su vertido al río Barbaña.
