Multazo a Áridos Borbolí por el vertedero ilegal entre Guillena y La Algaba en Sevilla

Durante su intervención, en respuesta a una pregunta planteada en el Pleno por Podemos, el consejero ha explicado que el expediente sancionador abierto el 28 de noviembre de 2017 a raíz de las denuncias de la Policía Local de Guillena

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación y Territorio, José Fiscal, ha anunciado en el Parlamento andaluz que su departamento ha propuesto la imposición de una multa de 50.000 euros a la entidad Áridos Borbolí S.A, por «el vertedero ilegal» situado en una antigua cantera ubicada entre los municipios sevillanos de Guillena y La Algaba.

Durante su intervención, en respuesta a una pregunta planteada en el Pleno por Podemos, el consejero ha explicado que el expediente sancionador abierto el 28 de noviembre de 2017 a raíz de las denuncias de la Policía Local de Guillena, de los agentes de Medio Ambiente de la Junta, y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, propone también la obligación de restaurar la zona afectada por residuos de diversa tipología (escombros, plásticos, neumáticos, restos vegetales o enseres domésticos).

Para Fiscal, su departamento «ha cumplido los tiempos» del procedimiento administrativo, «máxime cuando han existido dos intentos infructuosos de notificar la incoación del expediente, que ha tenido que ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)», ha precisado.

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Por último, el titular de Medio Ambiente ha aclarado que la clausura de este vertedero ilegal le corresponde al ayuntamiento, en función de sus competencias; mientras que el control del plan de restauración de esta explotación minera le corresponde a la Delegación Territorial de Innovación, Ciencia y Empresa.

«En el caso de posibles afecciones ambientales al acuífero, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es la responsable de establecer las medidas cautelares necesarias», concluye.

Por su parte, la diputada de Podemos María del Carmen García Bueno ha lamentado que este «macrovertedero» ilegal supone «un enorme peligro ambiental y para la salud pública» y asegura que Medio Ambiente «debería haber adoptado medidas inspectoras y de otro tipo convenientes en este caso para poner fin a esta actividad».

Además, ha recordado que «ha habido varias denuncias por parte de Ecologistas en Acción, que hace cuatro años denunció a la Consejería y a los ayuntamientos de Guillena y La Algaba la situación», una denuncia, añade, que «también fue presentada al Seprona», e insiste en que «es preocupante que este macrovertedreo siga entando en las mismas condiciones».

No obstante, García Bueno saluda que «se hayan tomado las medidas oportunas», aunque añade que «llegan tarde».

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