El plan europeo de economía circular es vital para Galicia para frenar la irresponsabilidad medioambiental

Distintas asociaciones ecologistas de Galicia han definido el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular como una normativa vital, «imprescindible» para «frenar la irresponsabilidad medioambiental» de España.

«El plan será muy útil, una herramienta imprescindible para cumplir las necesidades medioambientales de Galicia. Aporta el amparo normativo necesario para trabajar en esa asignatura pendiente que es la huella medioambiental», ha indicado el responsable de Galicia Ambiental, Benito García, consultado por Europa Press.

El nuevo plan de acción para la economía circular, trabajado en base a uno anterior del año 2015 y enmarcado en el conocido como Pacto Verde Europeo que se presentó en marzo –hoja de ruta para dotar a la Unión Europea de una economía sostenible–, fue aprobado el pasado miércoles por el Parlamento Europeo a proposición de la Comisión Europea, responsable de la creación del documento.

Por su parte, la integrante de Amigos da Terra, María Durán, se ha mostrado algo más recelosa, no del plan europeo, que valora «positivamente», sino respecto a su aplicación en Galicia. «El plan indica que toda inversión debe responder a sistemas de economía circular, y aquí estamos muy lejos de esos sistemas».

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El informe europeo pretende alcanzar «una reducción vinculante en el consumo de recursos para 2030», para lo que propone una economía circular –basada en la reutilización–, neutra en carbono y duradera a través de iniciativas legislativas en áreas consideradas clave como el tratamiento de plásticos, textiles, residuos electrónicos y residuos de construcción, entre otros.

Galicia sólo recicló el 20% de los residuos generados en 2018

La UE reconoce en el documento que el camino no va a ser fácil. Según los últimos datos recogidos por la Agencia Europea de Medio Ambiente, «la contribución de los materiales reciclados a las demandas de materiales de la economía europea sigue siendo bastante baja, alrededor del 12% en 2019».

Lo mismo ocurre en España, y concretamente en Galicia. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) publicó a principios de febrero su memoria anual de generación y gestión de residuos para el año 2018, en el que señala que España generó 22.264.824 toneladas de residuos, de los que sólo se recicló un 35%. «España se encuentra a la cola de la circularidad», ha criticado Benito García, que ha hecho especial hincapié en la situación «inaceptable» de Galicia en cuanto a gestión de residuos.

Según el mismo informe del Miteco, la comunidad gallega es la sexta región que generó en 2018 más residuos, 1.144.762 toneladas –lo que equivaldría a 423,51 kilos producidos por cada gallego–, sólo por detrás de Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias. Del total de residuos, Galicia sólo recicló –sumando diferentes procesos– el 20%. «Galicia se encuentra a la cola del Estado y mismo de Europa», ha criticado Durán.

Estas cifras han llevado a 16 asociaciones ecologistas, entre ellas la gallega Amigos da Terra, a presentar una denuncia contra el Estado español ante la Comisión Europea por la gestión de deshechos, que no ha alcanzado la marca estipulada por la UE para 2020: reciclar el 50% de los residuos municipales.

La «controvertida» nueva ley autónomica de residuos

A este respecto, el Parlamento de Galicia aprobó este martes, mediante la mayoría absoluta del PPdeG y con los votos en contra del BNG y PSdeG, la Ley de residuos y suelos contaminados con la que el Gobierno autonómico pretende «caminar hacia la economía circular, que sustituya y destierre el modelo tradicional de extraer, usar y tirar».

El texto, impulsado por la Consellería de Medio Ambiente establece objetivos como el reciclaje del 55% del peso actual de residuos en 2025 y aborda además, uno de los puntos que trata el plan europeo de economía circular, la reducción del consumo de plásticos de un uso. Con la entrada en vigor de la norma, se prohibirá la venta de vajillas de plástico o no reutilizables.

Con todo, ecologistas gallegos no acaban de ver con buenos ojos la nueva norma gallega, que consideran «precipitada», ya que se adelanta a la que el Ejecutivo central está preparando sobre el mismo tema y que previsiblemente hará suyos parte de los objetivos planteados por la UE. Una ley, a la que entonces la gallega tendría que adaptarse. «La ley española, aunque no es perfecta, es mucho más exigente. No entendemos la publicación de una ley autonómica que tendrá que acabar por revisarse», ha criticado la integrante de Amigos da Terra.

«Esta norma es un ejemplo del maquillaje ambiental al que se está sometiendo la política en general», ha comentado Benito García. «El gobierno autonómico habla de ‘peso de residuos’, cuando en realidad deberían hablar del tratamiento en sí. Las toneladas y los volúmenes son cifras engañosas, ya que los contenedores tienen cierto porcentaje de impurezas», ha explicado el ecologista gallego.

Galicia, por debajo de la media estatal en vertidos, pero muy por encima en incineración

Galicia Ambiental ha recriminado también al Ejecutivo que «perpetúe» el ‘modelo Sogama’ –Sociedade Galega de Medio Ambiente–, un punto en el que coincide la Asociación Adega que, consultada por Europa Press, ha destacado que Galicia «hace una alabanza a un modelo alejado completamente de la economía circular al basarse en la incineración de residuos y en una economía de escala que favorece la generación de más residuos, en contra de los objetivos de minimización».

La ley autonómica aspira a «reducir al mínimo el volumen de residuos que se envía a vertedero» para conseguir en 2035 ‘el vertido técnico 0’, es decir, que sólo el 10% de la cantidad total generada se deposite en instalaciones de vertidos. Los últimos datos publicados por el Miteco respaldan estas medidas, ya que los vertidos gallegos se situaron en 2018 en un 35%, una cifra más baja que la media estatal, del 53%.

La cara más negativa la presentan las estadísticas de incineración. En 2018, Galicia fue la tercera comunidad autónoma que más residuos incineró –un 45% del total generado–, sólo por detrás de Melilla y Baleares. La media estatal se situó en el 11, 6%. «Galicia sigue paralizada y anclada en una gestión ineficaz dominada por la incineración y el vertido», ha criticado Adega, a lo que María Durán ha añadido que la incineración de residuos y todo lo que conlleva en cuanto a huella medioambiental es «todo lo contrario» a lo que se pretende conseguir con la economía circular.

Las mismas metas que ecologistas gallegos han definido como «prácticamente inalcanzables», la Eurocámara las consideró el pasado miércoles «poco ambiciosas». Los parlamentarios europeos han instado a Bruselas a presentar una propuesta legislativa en 2021, «que amplíe el alcance de la directiva sobre diseño ecológico» con objetivos «realmente vinculantes en materia de huella ecológica por el uso y consumo de materiales».

Con todo, hay una idea común, una declaración que se ha repetido por parte de todos los actores que participan en el nuevo proceder que pretende frenar la huella medioambiental y mejorar la gestión de residuos: «La apuesta por la sostenibilidad ambiental ya no es una opción, como lo pudo ser en un pasado, ahora es una obligación para con nuestra tierra».

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