Según la CNC, organismo independiente del Gobierno encargado de vigilar la Ley de Defensa de la Competencia, las empresas sancionadas han venido practicando esta conducta desde al menos 1997, y «muy particularmente» Consenur (multada con 4.400.000 euros) y Cespa (2 millones de euros), «que son las dos empresas más importantes del sector de gestión de residuos sanitarios».
Por su parte, Interlun y SIS, sancionadas con 445.000 y 200.000 euros respectivamente, también han sido multadas por su participación en el acuerdo y por obtener beneficios del mismo, a pesar de tener una presencia «menor» en el mercado, informó la CNC en un comunicado.
En concreto, el máximo organismo de regulación de la competencia en España ha acreditado que las cuatro empresas «efectuaron el reparto de los clientes públicos mediante la coordinación en la presentación de ofertas a distintos concursos convocados por las autoridades sanitarias de diferentes comunidades autónomas».
Estas irregularidades se llevaron a cabo mediante la creación de uniones temporales de empresas (UTES), «cuando era viable técnica y económicamente que las principales empresas compitieran entre sí», o por otros medios, «como no presentarse a determinados concursos, hacer ofertas no competitivas o acordar los términos de las ofertas a realizar», explica el informe.
Por otra parte, este organismo le ha impuesto a Cespa una multa de 600.000 euros por la aplicación de un pacto de no competencia ilícito para excluir del mercado a la empresa Athisa.
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