La posible puesta en marcha del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) genera polémica

Representantes del sector del comercio están preocupados de cara a la posibilidad de que se vaya a poner en marcha en España el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) que aparece regulado en la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

El SDDR es un sistema de gestión de residuos de envases que asocia un valor a cada envase para que éste sea devuelto por el consumidor para su reciclaje. Es un sistema paralelo a los existentes actualmente y sólo destinado a los envases de bebidas.

Los productores (embotelladores, importadores o distribuidores) pagan el depósito al operador del sistema por cada envase que ponen en el mercado. Los comercios compran los productos, y sus envases, a los productores. Pagan el precio del producto más el depósito por cada envase. También cobran a los consumidores por el envase a la hora de la compra, y devuelven su importe cuando éstos lo devuelven.

Desde el sector del comercio se plantean una serie de problemas ambientales, económicos, tecnológicos, logísticos, higiénico sanitarios y sociales que estarían asociados con la implantación de este sistema, sobre todo teniéndose en cuenta que el sistema de gestión de residuos que se lleva a cabo actualmente funciona, a criterio del sector, de forma satisfactoria en lo que se refiere a los residuos de latas y PET.

En todo caso, con referencia a los pequeños comercios, el sector en cuestión apunta a que la inversión no sería asumible para las tiendas con superficie inferior a 500 m2. Además, en muchos casos los residuos de productos adquiridos en grandes superficies serían depositados en los comercios de proximidad, es decir, las pequeñas tiendas de barrio, aumentando los costes de recogida y gestión para los pequeños comerciantes, que necesitarían personal y maquinaria para hacer frente al nuevo sistema.

Por otro lado, las asociaciones ecologistas en general y algunas de carácter laboral, se encuentran a favor de la implantación del mencionado sistema, alegando que se traduciría en un importante aumento en las cifras de reciclaje de los envases de bebidas, además de la generación de muchos puestos de trabajo.

Asimismo, la nueva normativa prevé la realización de informes de viabilidad técnica, ambiental y económica, por parte del Gobierno, con carácter previo a la implantación de este sistema.

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