Los fosfoyesos son residuos industriales que se generan durante el proceso de fabricación de fertilizantes fosfatados. Estos residuos contienen principalmente yeso (sulfato de calcio dihidratado) y otros compuestos químicos derivados del tratamiento de minerales fosfatados. La producción de fosfoyesos es común en plantas de fertilizantes que utilizan ácido fosfórico, un proceso que produce estos residuos como subproducto.
Precisamente, estos son los protagonistas de la negativa por parte de la Mesa de la Ría de Huelva, materializada en una demanda contencioso-administrativa ante los tribunales, a que se lleve cabo un proyecto de restauración de las balsas de fosfoyesos de la empresa Fertiberia.
Fertiberia se encuentra de frente con la Mesa de la Ría de Huelva
Mesa de la Ría de Huelva ha formalizado una demanda contencioso-administrativa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva contra la autorización ambiental otorgada por la Junta de Andalucía al proyecto de restauración de las balsas de fosfoyesos de Fertiberia. La demanda se interpone contra la resolución de 2 de junio de 2023 de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva, por la que se aprueba la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la empresa Fertiberia, correspondiente al proyecto RESTORE 20/30.
El escrito cuestiona la legalidad de dicha resolución por múltiples motivos técnicos y jurídicos de fondo y forma, entre los que destacan que se basa en una AAI originaria de 2008 que es nula de pleno derecho al carecer de título habilitante sobre el dominio público marítimo-terrestre ocupado, en contra de lo establecido en el artículo 132 de la Constitución, la Ley de Costas y su reglamento.
Asimismo, Mesa de la Ría considera que el proyecto RESTORE, limitado a las zonas 2 y 3 de las balsas de fosfoyesos, fragmenta artificialmente la restauración exigida por sentencia firme de la Audiencia Nacional en 2007, excluyendo la zona 4, cuya ocupación y uso tampoco ha sido regularizado ni evaluado ambientalmente.
También precisa en la demanda que la resolución impugnada no ha evaluado información ambiental esencial, como el informe del Comité de Expertos de la Universidad de Huelva, en colaboración con investigadores de las universidades de Sevilla y otros organismos científicos, que alertaron de riesgos estructurales, geotécnicos, radiológicos, ecológicos y sanitarios en las balsas.
La entidad demandante recuerda que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, a solicitud del Ministerio Fiscal ante la Audiencia Nacional, emitió en 2025 un informe técnico que confirma y respalda los diagnósticos y advertencias del Comité de Expertos, alertando de la posibilidad de contaminación de suelos, aguas subterráneas, atmósfera y afectación a la salud humana, derivada de la ejecución del proyecto RESTORE.
También señala que el informe urbanístico negativo del Ayuntamiento de Huelva (2022), que condicionaba la aprobación a un Plan Especial, fue sustituido extemporáneamente por otro informe de marzo de 2023 que no consta en el expediente administrativo, lo que constituye un defecto esencial de forma y vulneración del procedimiento.
Desde la Mesa de la Ría se remarca que el Ministerio para la Transición Ecológica y la Abogacía del Estado han cuestionado la viabilidad legal del proyecto RESTORE en escritos dirigidos a la Audiencia Nacional, por considerar que no cumple el principio de mínima ocupación del dominio público ni garantiza la restauración integral de la marisma, contraviniendo la Ley de Costas y la Ley de Evaluación Ambiental.
Además de la demanda principal, Mesa de la Ría ha solicitado al juzgado medidas cautelares urgentes para la suspensión de la eficacia de la AAI, a fin de evitar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud pública mientras se resuelve el fondo del asunto.
