La independencia es un sentimiento, pero los hechos alertan de los graves problemas que acucian al ámbito del medio ambiente en Catalunya.
No es oro todo lo que reluce, hay otros factores en el conflicto del agua en Cataluña que derivan de la privatización que la Generalitat está completando con la adjudicación de la empresa pública Aguas Ter Llobregat. Aparte de las insólitas e irregulares maniobras que están acompañando este proceso, con la privatización se comprometerán no solo las capacidades de regulación y control para una gestión social y sostenible del agua, sino también de coordinación con los territorios vecinos. Como denuncia la Plataforma Aigua és Vida: “nos hablan de Estado propio y venden el país”.
Otro de los ejemplos que aporta al debate lo encontramos en el ámbito de la conservación de la biodiversidad. Cataluña fue pionera en el Estado español en políticas de conservación hasta principios de los 90. Desde entonces ha ido retrocediendo hasta llegar a una situación crítica. En este caso, Cataluña tiene transferidas la mayoría de competencias y, por lo tanto, es la principal responsable de la situación que recoge el Informe de Ecologistas en Acción de Cataluña Degradación de las políticas de conservación de la biodiversidad en Cataluña 2012.
Y por último, hay casos que ponen de manifiesto graves tensiones institucionales, como en los numerosos conflictos por prospecciones y explotaciones de hidrocarburos convencionales y más recientemente por fractura hidráulica, cuando el Gobierno central o autonómico autorizan estas operaciones frente a la oposición local.
Los retos son otros
Pero más allá de la dependencia o independencia política-administrativa, Ecologistas en Acción de Cataluña considera que los retos inevitables de futuro pasan por abordar las dependencias estructurales de nuestro modelo productivo y de consumo, especialmente en los ámbitos energético y alimentario.
La tasa de dependencia energética de Cataluña es del 98% (72,4% combustibles fósiles y 22,4% energía nuclear, con combustibles también importados). La escasez de combustibles es una realidad que afectará a muchos ámbitos de la economía catalana. El reto, la transición hacia un modelo de generación eléctrica basado en energías renovables –las únicas autóctonas– que apenas han desarrollado su potencial. Respecto al consumo no eléctrico, la dependencia y el problema del cambio climático plantea enormes retos que pasan por la reducción del uso del transporte privado, la eficiencia energética y una economía de baja intensidad energética.
En relación a la dependencia alimentaria nos encontramos escenarios similares en los ámbitos agropecuario y pesquero. El sector agropecuario ha sufrido una rápida transformación como consecuencia de la política europea de liberalización y orientación exportadora (principalmente los sectores porcino y de fruta dulce). El resultado, el abandono rural de los últimos años que dejan en tan sólo el 1,9% de la población activa ocupada en el sector agrario. Al impacto social hay que sumar las externalidades ambientales de la producción intensiva industrial: contaminación y sobreexplotación de suelos y acuíferos, emisión de gases de efecto invernadero y contaminación genética (el 25% cultivos transgénicos europeos está en Cataluña).
En el sector pesquero la situación es parecida. La flota artesanal catalana, a pesar de ser la que ofrece los mayores beneficios sociales, culturales y ambientales, ha ido desapareciendo a un ritmo mayor que en el resto de las autonomías. La dependencia de pescado en Cataluña asciende al 80% de importación de productos pesqueros, lo que hace completamente insostenible el modelo de consumo.
Si bien el sector agroalimentario se ha convertido en el primer sector industrial de la economía catalana con una facturación de más de 18.000 millones de euros al año, ocupa en su totalidad a un 6% de la población activa (incluyendo la producción, industria, comercio, transporte y servicios). El éxito se suele magnificar en euros ocultando que en el balance final Cataluña es importadora neta de alimentos.
Por todo ello, el proceso de transición nacional que ha emprendido Cataluña podrá ser garante de sus derechos culturales y, en el corto plazo, mejorar su situación fiscal. Pero en el medio y largo plazo, un Estado propio sin proyecto propio, de transición social y ambiental, de emancipación del actual capitalismo neoliberal, será como un traje nuevo para un mismo entierro.
