«El Tribunal Constitucional deja claro que no puede privatizarse un bien público como es el suelo litoral», ha señalado la socialista, insistiendo en que el dominio público marítimo terrestre está determinado por la Constitución, que exige su protección. «No es posible manipular el mandato constitucional tal como ha hecho el PP con la ley que aprobó», ha remarcado.
La secretaria Federal de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE Pilar Lucio ha celebrado que el TC haya estimado «parcialmente» el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE contra la reforma de la Ley de Costas de 2013 y haya declarado «inconstitucionales y nulos» un artículo y tres disposiciones de la norma.
«El Tribunal Constitucional deja claro que no puede privatizarse un bien público como es el suelo litoral», ha señalado la socialista, insistiendo en que el dominio público marítimo terrestre está determinado por la Constitución, que exige su protección. «No es posible manipular el mandato constitucional tal como ha hecho el PP con la ley que aprobó», ha remarcado.
A su juicio, la privatización de un bien público de «altísimo valor» no es posible, al mismo tiempo que considera que la Constitución «no lo admite». «Éste era el argumento fundamental de nuestro recurso de inconstitucionalidad que el alto tribunal ha tenido en cuenta», ha precisado.
A su vez, señala que la sentencia del TC dice «expresamente» que resulta «inadmisible» la pretensión de excluir porciones del dominio público marítimo terrestre en atención a su transformación artificial y al tipo de explotación.
«La Constitución establece para la costa una especial consideración estimando su valor como ecosistema con una protección que esté alejada de toda especulación. La Ley del PP colocó los intereses privados por encima del interés general y esto no puede volver a suceder», ha afirmado.
Según explica el PSOE, el dictamen también establece que las excepciones aprobadas sobre unos concretos núcleos de población ‘no implica la efectividad inmediata de la exclusión’ y habla de una desafectación de los bienes públicos ‘caso por caso’, contando con que se verifiquen los requisitos que permitirían esa exclusión mediante las necesarias resoluciones administrativas.
En opinión de Lucio, «la Ley no puede hacer una excepción generalizada y esa interpretación de mayor exigencia que la que recogía la Ley ha de ser seguida para entenderla constitucional».
«La ley del PP se hizo sin ningún consenso político, dejando a un lado también a la comunidad científica y sin tener en cuenta la amenaza del cambio climático. Tenemos la obligación y el compromiso de modificarla volviendo a situar el interés general por encima de los intereses privados», ha sentenciado.
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