“En realidad solo había que medir la distancia entre el agua y el hotel El Algarrobico, pues en vez de los 100 metros que indica la Ley de Costas hay 14, pero se tardaron un montón de años para que la justicia dicte sentencia y solicite su inmediata demolición.”
El Tribunal Supremo ha declarado en una memorable y reciente sentencia, que los terrenos del Cabo de Gata, en la localidad almeriense de Carboneras, donde se edificó el controvertido hotel El Algarrobico, no eran urbanizables.
Una historia de nunca acabar
Termina así una parte de la larga lucha iniciada por varios grupos de activistas, que tras denunciar en su momento la irregularidad de la situación y lograr que su construcción fuera detenida, hubieron de enzarzarse en un largo pleito judicial, en el que finalmente el TSJ ha acabado por darles la razón.
La iniciativa de su edificación que corría por cuenta de la empresa Azata del Sol, bajo los auspicios y el apoyo del Ayuntamiento de Carboneras comenzó en 2003, cuando sus 21 plantas empezaron a elevarse frente al Mediterráneo a pocos metros del cartel que da la bienvenida a los visitantes al Parque Protegido “Cabo de Gata”.
En 2006 se lograron detener las obras, cuando ya estaban prácticamente terminadas las 411 habitaciones que debían servir para alojar a los visitantes del enorme hotel; desde ese momento comenzó el largo proceso judicial que terminó por declararlo ilegal.
A favor y en contra
Por un lado la empresa siempre insistió en afirmar que contaba con todos los permisos necesarios y que la licencia de edificación databa de los años 80, cuando la zona no estaba catalogada de Espacio Natural (calificación que se le dio en 1987) y solo había sido ratificada en 2003, por lo que todo era legal.
A ella se le sumaron vecinos de la zona que veían en el emprendimiento turístico una buena fuente de ingresos directos e indirectos y los integrantes del Ayuntamiento de Carboneras, que en definitiva permitieron la construcción, por lo que obviamente no se iban a echar atrás.
Por otro lado, una gran cantidad de activistas nacionales e internacionales se opusieron a la construcción desde un principio (como “Salvemos Mojácar” y Greenpeace) y luego pleitearon para que el edificio se declarara ilegal, se demoliera y el sitio fuera recuperado con el fin para el que estaba destinado: un espacio natural.
Legalmente interminable
La primera sentencia que se tuvo provino del Delegado de Gobierno provincial, quien en 2009 desestimó la solicitud de ilegalidad presentada y por tanto la expropiación del terreno (tras varias dilaciones en el proceso).
En 2012 se concluyó que la obra era ilegal ya que estaba en terrenos que no podían considerarse urbanizables, según sentencia dictada por el Alto Tribunal de Andalucía, que además entendió que el edificio debía ser demolido y que a la constructora no se le debía nada en concepto de indemnización.
Pero increíblemente, el mismo Tribunal ante una recusación por parte de la empresa sobre la primera sentencia basada en infinidad de datos, cláusulas y Leyes, en 2014 se desdijo y afirmó que El Algarrobico era perfectamente legal y que podían seguirse las obras.
A esas alturas surgieron todo tipo de acusaciones, desde prevaricación, corrupción y sentencias “a dedo” por parte de quienes luchaban por que se hiciera justicia y de daños contra la propiedad privada y perjuicios económicos y morales por el lado de los constructores.
En definitiva, se entablaron causas por parte de la empresa Azara del Sol, Greenpeace y otras asociaciones, la Junta de Andalucía, en una especie de todos contra todos, que aún no ha terminado, si bien ya hay un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo en cuanto a la ilegalidad del edificio y la necesidad de que éste se demuela.
¿Quién paga los platos rotos?
Aparentemente el costo de dicha demolición será asumido por el Estado español y por la Junta de Andalucía, tal y como prometiera Arias Cañete, quien cuando estuvo al frente del Ministerio de Medio Ambiente, ya se había comprometido a tirar abajo tamaño adefesio y estimó que el precio de dicha operación debía rondar los 7.3 millones de euros.
Por otra parte aún resta saber si finalmente la empresa Azara del Sol recibirá algún tipo de compensación por las “pérdidas que le ocasionó tan mal negocio”. Cabe destacar que sus exigencias rondan los 70 millones de euros por conceptos varios (indemnización, daños y perjuicios y un puñado más) y que este tema está pendiente de resolución.
Como es lógico, los colectivos que han estado implicados en las diversas etapas de este intrincado asunto están exultantes. Por un lado festejan el triunfo de la Justicia y la recuperación de un espacio que siempre debió ser público y por el otro se felicitan por no haber bajado nunca los brazos, sabiendo que su causa era justa y el resultado posible. Hoy tienen la confirmación de que valió la pena el esfuerzo.
Una reflexión final
Todo se hizo mal, como acaba de sentenciar el TS y como es costumbre acabarán pagando el desaguisado los de siempre: los españoles en su conjunto, porque el dinero del Estado y el de la Junta de Andalucía sale directamente del bolsillo de los españoles en general y de los andaluces en particular, quienes en este caso lo harán por partida doble.
¿Era necesario que pasara todo este tiempo y se gastara todo ese dinero y esfuerzo? Obviamente hubo de todo durante el proceso y sería importante saber quiénes estuvieron involucrados en esta serie de dilaciones, desencuentros, dichos y desdichos, sentencias y contra sentencias, para que la determinación de si una edificación cumple o no con la Ley de Costas, insuma 11 años.
