El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley de Unidos Podemos para impedir la utilización de la técnica de fracturación hidráulica o fracking como técnica de investigación y extracción de hidrocarburos, porque supondría un aumento de gasto de más de 100 millones de euros, sobre todo por compensaciones a las empresas.
Con este escrito son ya 29 las iniciativas legislativas de la oposición y de parlamentos autonómicos que el Gobierno del PP lleva vetadas en lo que va de legislatura, acogiéndose al precepto constitucional que le permite negar la conformidad a propuestas que supongan alteración de los presupuestos en curso, sea por merma de ingresos o por aumento de gasto.
Concretamente, el documento presentado por el Ejecutivo, al que ha tenido acceso Europa Press, se argumenta que la aprobación de esta proposición de ley podría producir un aumento de los créditos debido a la «potencial exigencia de responsabilidad patrimonial por parte de los titulares actuales de permisos de investigación de hidrocarburos».
Según apunta, estos permisos son títulos demaniales que habilitan a su titular para investigar la existencia de hidrocarburos en el subsuelo de la superficie otorgada y les reconoce el derecho a solicitar concesiones de explotación en caso de resultados favorables. Estas empresas titulares arriesgan su inversión en la legítima expectativa de un beneficio económico en caso de encontrarse hidrocarburos.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
«En la medida en que se impida continuar con los trabajos de investigación, el titular se encontrará en la imposibilidad de rentabilizar su inversión por lo que podría solicitar de la Administración una responsabilidad patrimonial por un importe equivalente, al menos, a la inversión acometida hasta el momento», advierte el Ejecutivo.
Y según calcula, la inversión comprometida en los permisos de investigación de hidrocarburos de titularidad estatal donde se prevé la utilización de fracking asciende a más de 100 millones de euros.
Este argumento no ha convencido a la formación ecologista Equo, integrante del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, quien ha señalado que su ley no prohíbe explotar los recursos, sino «hacerlo con una técnica determinada que en ningún momento se especifica en los permisos de investigación concedidos».
Pero, además, el Gobierno explica que la Ley del Sector de Hidrocarburos, por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, introdujo una nueva tarifa tercera en el canon de superficie y que se devenga por cada emplazamiento de sondeos en los permisos de investigación a razón de 125.000 euros por sondeo.
IMPACTO DE 625.000 EUROS EN LOS PGE
«La aprobación de la proposición de ley podría suponer un impacto presupuestario de 625.000 euros que afloraría en el momento del devengo de la citada tasa, conforme a lo dispuesto en la normativa», apunta el Ejecutivo, que también destaca que, en estos cálculos, únicamente se están teniendo en cuenta los proyectos y permisos de ámbito estatal, existiendo otros proyectos de ámbito autonómico que no se han tenido en cuenta.
La coportavoz de Equo Rosa Martínez ha criticado duramente este nuevo veto que, a su juicio, «confirma la estrategia del Ejecutivo de bloquear cualquier iniciativa legislativa de la oposición». «Primero se inventan el impacto económico de la medida y luego se extralimitan en la aplicación de su competencia presupuestaria», ha indicado.
Martínez ha recordado que se trata de la tercera ley en materia energética que veta este Gobierno, tras las que pedían la derogación del Impuesto al Sol y el cierre de las centrales nucleares, y ha anunciado que la formación va a elevar un escrito a la Mesa del Congreso solicitando que levante el veto y pidiendo, además, un informe a la oficina presupuestaria de la Cámara Baja.
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