De nuevo los focos se fijan en la normativa conocida como el Reglamento sobre la Deforestación de la Unión Europea (EUDR, por sus siglas en inglés), que busca mantener la deforestación, la degradación forestal y los productos ilegales fuera de las cadenas de suministro de la UE.
Y es que países como Austria, Suecia y Alemania han alzado la voz para pedir que se reabra esta normativa y se haga una revisión del reglamento.
En este sentido, mientras algunos países quieren que haya excepciones y vacíos legales en dicha normativa, en el caso de España siempre se ha mostrado a favor de seguir con los objetivos originales del EUDR; esto es que se asegure que el consuno que se hace Europeo no suponga que haya más deforestación ni degradación forestal a nivel mundial.
España defiende la ley de deforestación de la UE frente a la presión de otros países
El Reglamento sobre la Deforestación de la Unión Europea (EUDR, por sus siglas en inglés), una normativa histórica destinada a mantener la deforestación, la degradación forestal y los productos ilegales fuera de las cadenas de suministro de la UE, vuelve a estar bajo presión política. Mientras la Comisión Europea prepara sus paquetes de simplificación Ómnibus, Estados miembros como Austria, Suecia y Alemania están pidiendo que se reabra y revise el reglamento.
Este nuevo impulso llega apenas seis meses después de que un intento similar por parte de eurodiputados fracasara, y a pesar de que la aplicación del reglamento ya se ha retrasado un año para dar tiempo a la industria a adaptarse. Aunque los defensores de estos cambios los presentan como simplificaciones, en la práctica crearían vacíos legales que permitirían el “blanqueo” de productos no conformes dentro del mercado europeo. Los ministros de Medio Ambiente responsables se reunirán el 16 de junio para debatir el futuro del EUDR.
España, sin embargo, ha defendido firmemente la integridad del reglamento. Mientras algunos gobiernos presionan para introducir excepciones y vacíos legales, España ha apoyado de forma constante los objetivos originales del EUDR: asegurar que el consumo europeo no impulse la deforestación ni la degradación forestal a nivel mundial. Las prácticas que el EUDR pretende evitar van desde la tala de bosques en la Amazonía para dar paso al pastoreo de ganado destinado a la producción de carne o cuero, hasta la degradación de los bosques en España, algo que aumenta el riesgo de incendios forestales.
El gobierno español resiste ante una ola de oposición: en países como Suecia, Austria y Finlandia, esta oposición está impulsada por poderosos sectores forestales y de la industria papelera, con fuertes vínculos con los gobiernos nacionales. Estas industrias temen que la plena aplicación del EUDR exponga prácticas insostenibles. En Suecia, por ejemplo, cerca del 80 % del bosque productivo son plantaciones de pino y abeto — monocultivos que reducen la biodiversidad y la resiliencia.
A pesar de que los propios bosques españoles también están amenazados por incendios, sequías y pérdida de hábitats, España no ha pedido excepciones, sino que ha exigido una implementación sólida del EUDR para fomentar una mejor gobernanza forestal, tanto en el país como en el extranjero. Reconoce que esto beneficiará a España: bosques más sanos reducirán el riesgo de incendios, frenarán la pérdida de biodiversidad y ofrecerán una mayor resiliencia ecológica y económica a largo plazo.
Mientras tanto, en otros países de la UE ha aumentado la presión de los grupos industriales, con afirmaciones de que el reglamento es «desastroso», «completamente absurdo» y que implicaría que “cada árbol talado debe ser registrado”, además de críticas a la clasificación de riesgo de los países. Estas narrativas han sido recogidas por pequeños propietarios forestales y han generado nueva incertidumbre antes de la fecha prevista de aplicación del reglamento en diciembre de 2025. La Comisión Europea enfrenta ahora no solo desafíos técnicos, sino una creciente batalla política y comunicacional sobre el futuro de los bosques.
La amenaza de una categoría de “riesgo cero”
Una de las propuestas más preocupantes que se están debatiendo es la creación de una categoría de “riesgo cero” que eximiría a ciertos países de las normas de diligencia debida del EUDR. Esta medida, respaldada por Alemania y Austria, es una demanda clave de sus industrias forestales.
Expertos advierten que tales exenciones generales socavarían el objetivo principal del reglamento. Se podrían introducir productos en el mercado de la UE sin verificaciones adecuadas sobre degradación forestal o prácticas ilegales, a pesar de casos previos de infracciones por tala ilegal en bosques protegidos, como en Rumanía y Eslovaquia.
Una etiqueta de “riesgo cero” también podría crear refugios seguros para el “blanqueo” de productos de origen ilegal a través de esos países, debilitando la trazabilidad y haciendo que la aplicación del reglamento sea inconsistente.
Juristas alertan además que eximir a países enteros probablemente violaría las normas de la OMC, al infringir principios de no discriminación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y crear barreras comerciales injustificadas bajo el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.
Otra propuesta, impulsada especialmente por Suecia, busca limitar las obligaciones de diligencia debida únicamente al primer ingreso del producto al mercado de la UE. Esto eximiría a todos los actores posteriores —comerciantes, procesadores y fabricantes— de responsabilidad legal, trasladando toda la carga a los productores primarios. En la práctica, una vez que el producto ingresa al mercado, podría circular sin más controles.
La propuesta está vinculada estrechamente al poderoso sector sueco de la pulpa y el papel, que exporta más del 80 % de sus productos forestales. Como importante centro comercial, Suecia se beneficiaría significativamente si se excluye del cumplimiento a las empresas posteriores en la cadena. Aunque los funcionarios presentan esto como una forma de reducir la complejidad, en realidad eliminaría incluso las obligaciones mínimas ya previstas por la Comisión.
Expertos advierten que esta exención reabriría vacíos legales que anteriormente permitieron el “blanqueo” generalizado de madera ilegal o de alto riesgo. Bajo el Reglamento de la Madera de la UE de 2013, los productos a menudo se desviaban a través de Estados miembros con controles laxos. Se ha documentado cómo la teca, un tipo de madera prohibida de Myanmar entró en la UE vía Croacia y se vendió a través de intermediarios. También se han revelado prácticas similares con madera de Ucrania, incluyendo importaciones registradas por empresas ficticias.
Eliminar los requisitos de diligencia para los comerciantes facilitaría la repetición de estas prácticas, debilitando la trazabilidad y la rendición de cuentas. Lejos de simplificar, la propuesta sueca arriesga reintroducir los mismos fallos que el EUDR fue diseñado para corregir.
Varios países también están presionando para suavizar las disposiciones sancionadoras del EUDR. Suecia, bajo el argumento de armonizar con otras leyes europeas, ha propuesto cambiar la redacción de “deberán incluir” a “podrán incluir” —haciendo opcionales, en lugar de obligatorias, las sanciones específicas por parte de los Estados miembros.
Esto no es una cuestión técnica menor. La revisión de 2021 del Reglamento de la Madera por parte de la Comisión Europea concluyó que una aplicación débil en algunos países había “puesto en peligro” la eficacia de la normativa. Sin sanciones obligatorias, el riesgo es evidente: los productos ilegales seguirán circulando libremente en las cadenas de suministro de la UE.
Intentos anteriores de debilitar el reglamento fracasaron
El EUDR, adoptado en junio de 2023, debía entrar en vigor en diciembre de 2024 para grandes empresas y a mediados de 2025 para las pequeñas. Tras presiones de algunos Estados miembros e industrias, se retrasó un año: ahora entrará en vigor en diciembre de 2025 y junio de 2026.
Durante estas negociaciones, los legisladores del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo introdujeron varias enmiendas con el objetivo de debilitar los requisitos del reglamento. Entre ellas se encontraba la propuesta de crear una categoría de «riesgo cero» para los países considerados con un riesgo insignificante de deforestación, así como un retraso de dos años en la aplicación y una exención para los comerciantes.
Sin embargo, la mayoría de estas enmiendas fueron retiradas pocas horas antes de la votación en el Parlamento Europeo, tras una crisis interna dentro del PPE. Solo quedó la propuesta de la categoría de «riesgo cero», que fue aprobada en el Parlamento, pero abortada antes de avanzar por un grupo casi unánime de Estados miembros que no querían modificar el texto del reglamento.
A pesar del retraso y de la guía adicional ofrecida por la Comisión, algunos Estados miembros han usado este tiempo para intensificar los esfuerzos por debilitar el EUDR.
En Suecia, las empresas de pulpa y papel sostienen que los sistemas actuales no permiten cumplir con los requisitos de trazabilidad del EUDR, especialmente tras el procesamiento industrial. Pero detrás de estos argumentos técnicos hay un temor más profundo: que la vigilancia satelital exponga la tala extensiva. La Federación de Industrias Forestales Suecas ha logrado influir en el gobierno para limitar las obligaciones de diligencia debida.
En Austria, los grandes propietarios forestales han calificado el EUDR de desproporcionado, alegando que no hay problema de deforestación y difundiendo desinformación (por ejemplo, que se debe registrar cada árbol). Esta narrativa ha dominado el debate público, omitiendo que el reglamento también combate la degradación forestal. El gobierno austríaco ahora defiende la creación de una categoría de “riesgo cero” para eximir a los productores nacionales.
En Alemania, el gobierno de coalición ha prometido reducir la burocracia de la UE. Aunque afirma apoyar el EUDR, su respaldo a la categoría de “riesgo cero” debilitaría gravemente la aplicación. Esto ocurre mientras los bosques alemanes sufren una alarmante degradación.
Otros países como Bulgaria, Croacia y Rumanía consideran que el EUDR impone una carga excesiva, a pesar de los persistentes problemas de tala ilegal. En Rumanía, se estima que se talan ilegalmente 20 millones de metros cúbicos de madera al año.
Estas posiciones han ganado terreno entre eurodiputados: el 14 de mayo de 2025, 51 eurodiputados —en su mayoría de estos países— enviaron una carta a la Comisión pidiendo más retrasos y una categoría de “riesgo cero”.
La Comisión resiste y empresas respaldan el reglamento para frenar la deforestación
La Comisión ha resistido hasta ahora la presión por reabrir la ley, y ha ofrecido aclaraciones mediante nuevas directrices y un acto delegado (un tipo de norma jurídica que permite a la Comisión Europea modificar o complementar aspectos no esenciales de una legislación previamente adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo.) . Países como Francia y España apoyan este enfoque: simplificaciones prácticas sin debilitar el reglamento.
Más de 60 grandes empresas —entre ellas Nestlé, IKEA, Unilever, Mars y Ferrero— han respaldado públicamente el EUDR y rechazan cualquier debilitamiento. Muchas ya han invertido en sistemas de cumplimiento y advierten que los cambios ahora generarían incertidumbre legal costosa.
Inversores institucionales han expresado apoyo similar, destacando la necesidad de una regulación fuerte para frenar la deforestación. En contra de quienes afirman que el EUDR es inviable, productores en países como Ghana ya se están preparando para cumplir con sus requisitos.
En España, los productos más afectados por el EUDR serán las importaciones de soja para piensos y aceite de palma para biocombustibles. Grandes comerciantes como Bunge y Cargill, con presencia en España, ya han anunciado que están adaptando sus sistemas para cumplir con el EUDR.
En el Consejo de Agricultura y Pesca del 26 de mayo, 11 países liderados por Austria y Luxemburgo pidieron formalmente que se reabra el EUDR como parte del paquete Omnibus. Pero la responsabilidad recae en el Consejo de Medio Ambiente de la UE, que se reunirá el 16 de junio de 2025 para debatir la implementación y responder a la creciente presión política.
