El PP adora la energía contaminante

Esta iniciativa está así en línea con la propuesta de Ley que intentó sacar adelante el anterior ministro de Energía, Turismo y Comercio, Álvaro Nadal.

El PP ha presentado una moción en el Senado para evitar el cierre de las centrales de generación eléctrica «viables» de forma unilateral y sin tener en cuenta «el interés general» ni los objetivos o garantías de suministro y cambio climático e «impacto en el precio de la electricidad».

Esta iniciativa está así en línea con la propuesta de Ley que intentó sacar adelante el anterior ministro de Energía, Turismo y Comercio, Álvaro Nadal, que pretendía endurecer los criterios que tenía que cumplir una eléctrica para cerrar una central de generación, y que fue tumbada en el Congreso de los Diputados hace unas semanas.

En este nuevo intento en el Senado, cámara en la que el PP cuenta con mayoría, el grupo parlamentario insta también al Ejecutivo a mantener el carbón como componente del ‘mix’ energético, «planteando los términos de una ‘transición justa’ del sector minero en términos de transición, no de cierre, y defender los pagos por capacidad de las centrales térmicas de carbón hasta que las interconexiones «sean las mínimas necesarias para una correcta gestión de la red, siendo las centrales térmicas indispensables para el control de la red y abaratamiento de la factura de la luz».

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Asimismo, solicita continuar impulsando «decididamente» la instalación de energía renovables y biomasa que complemente los más de 28.000 megavatios (MW) de solar fotovoltaica que, o bien están operando o en proceso de construcción, los 2.300 MW de termosolar y 23.000 MW de energía eólica, para cumplir los objetivos de penetración de renovables y emisiones de CO2 en el año 2030 y 2050.

Además, en su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, insta a impulsar las interconexiones energéticas de España y «poner todos los medios necesarios» para que en el año 2030 se alcance un mínimo del 15% de interconexión en redes de transporte de electricidad. Por otra parte, pide al Gobierno replantearse la decisión de crear un nuevo impuesto especial para el diésel, por lo perjudicial que supondría para la industria automovilística, el sector agrario, los autónomos, los transportistas y para todos los usuarios propietarios de vehículos diésel.

De esta manera, ve necesario apostar por un nuevo modelo sostenible de transporte con cero y bajas emisiones, «pero exigiendo un modelo de transición ordenada para que la economía, la industria y los consumidores se puedan adaptar a este nuevo modelo energético».

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