Tras dos días escuchando testimonios de organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas directamente afectadas por las actividades de las empresas trasnacionales europeas en América Latina, un panel internacional de jueces exhortó a la UE a establecer un marco legal que permita responsabilizar a las empresas de sus violaciones en América Latina, y le otorga a las víctimas acceso a la justicia. Además le pide a las Naciones Unidas que establezcan un código de conducta obligatorio para las empresas trasnacionales que amplié el mandato de la Corte Penal Internacional de personas físicas a personas jurídicas.
“Nos complace que el Tribunal cuestione el papel de las políticas de la UE, que anteponen los intereses comerciales a los derechos de los pueblos. En lugar de discutir acuerdos de asociación que aseguren más ganancias para las empresas, los Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, deberían velar porque las empresas no violen los derechos humanos fundamentales”, dijo Sebastián Valdomir, Coordinador Internacional del Programa de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional.
Amigos de la Tierra Internacional junto a otras organizaciones presentó tres casos contra empresas europeas en la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos:
– La empresa eléctrica española Unión Fenosa fue condenada por ser responsable de la persecución y asesinato de líderes comunitarios en Guatemala y Colombia, de violar los derechos laborales y de privar a los más pobres de los servicios esenciales al aumentar los precios y cortar la electricidad, además de provocar cortes de luz en Guatemala, Méjico, Colombia y Nicaragua. El Tribunal también advierte sobre los impactos de un megaproyecto de carbón planificado por Unión Fenosa y Gas Natural en Guatemala, y recomienda su suspensión.
– La empresa forestal sueco-finlandesa Stora Enso fue condenada por su responsabilidad en la destrucción ambiental en Brasil y Uruguay. El Tribunal además condenó los impactos sobre los recursos vitales para el sustento de las comunidades cercanas a las plantaciones, como el agua.
– La empresa cementera suiza Holcim fue condenada por ser responsable de casos de secuestro en San Juan Sacatepequez, Guatemala, por el asesinato de líderes comunitarios y por criminalizar a las comunidades que se oponen a la explotación de los recursos naturales, la destrucción ambiental y la contaminación en Guatemala y Colombia.
El Tribunal Permanente de los Pueblos también cuestionó el papel de las instituciones financieras y organismos de desarrollo que brindan fondos para actividades destructivas de las empresas trasnacionales y las exhorta a adoptar mecanismos que garanticen la protección de los derechos humanos.
“El Banco Europeo de Inversiones proclama que apoya el desarrollo sostenible, sin embargo da grandes sumas financieras a proyectos destructivos con el medio ambiente como el monocultivo de eucaliptos de Stora Enso en Brasil y Uruguay. Stora Enso es ahora propietaria de más tierra en América Latina que en Europa, y es el mayor terrateniente en Uruguay”, dijo Christine Pohl de Amigos de la Tierra Europa. “Las políticas económicas de la UE, sus bancos y organismos de desarrollo promueven el crecimiento y el desarrollo económico para combatir la pobreza, pero en realidad solamente han beneficiado a las élites mientras que los pobres sufren las peores consecuencias”, agregó Pohl.
