José Luis Barceló,del Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable:»Las cláusulas sociales necesitan impulso»

¿Cuándo y por qué se puso en marcha el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable?

   Aunque llevamos poco tiempo en el formato actual, nos pusimos en marcha en el año 2009 a iniciativa de ONCE y CERMI que detectaron una urgente necesidad: aunque existe una legislación social muy abundante y avanzada existe, sin embargo, un déficit en el ámbito de la aplicación. Lo mismo ocurre con la Ley de Contratos del Sector Público: contempla la posibilidad de que los contratos de las Administraciones Públicas tengan cláusula social pero existe el riesgo de que estas previsiones queden sin aplicación porque existe un déficit en el terreno aplicativo.

   Por ello, era necesario crear una plataforma para impulsar la aplicación de las cláusulas sociales desde el punto de vista práctico y convencer a las Administraciones y empresas contratistas del beneficio de incorporar prácticas sociales por lo que, en mayo de 2009, tuvimos una primera reunión al respecto. Al ver que había mucha sensibilización, se nos ocurrió constituir el foro en asociación. Así, de las reuniones informales se dio paso a la institución sin ánimo de lucro, a mediados de 2010.

   Para dar a la sociedad un mensaje mas intenso decidimos que la presidencia y dirección se encomendara a grandes entidades que no tuvieran nada que ver con la discapacidad. Por eso, está presidido por la presidenta de Microsoft Ibérica, María Garaña, mientras que el vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, y el presidente de Telecinco, Alejandro Echevarría, forman la vicepresidencia. Hemos elegido a estas empresas por su capacidad y su trayectoria ya que han interiorizado el tema y están dispuestas a generar recursos. El objetivo ahora es incrementar el número de socios y llegar a los 200, entre otros retos.

   .- El foro cuenta con la participación de administraciones públicas, empresas contratistas y el sector de la discapacidad. ¿Cuál es el grado de sensibilización al respecto?

   Esta iniciativa tuvo muy buena acogida por parte de las administraciones porque se trata de un mensaje muy rentable económicamente hablando y también socialmente bueno desde el punto de vista social, ya que se trata de introducir elementos sociales en la contratación publica, que está en torno al 18-20 por ciento del PIB. Es un volumen tan grande que, si conseguimos concienciar sobre la inclusión de la cláusula social, una cuarta parte de ese volumen estará haciendo a su vez política social como corregir desigualdades, ayudar a colectivos en riesgo de exclusión, utilizar medios accesibles con diseño universal para personas con movilidad reducida, etc.

   El caso es que, inicialmente, las Administraciones han mostrado mucha sensibilidad pero hay dificultades para ajustar su procedimiento administrativo a esta realidad. Por lo tanto, se produce un déficit porque sí existe interés pero los procedimientos no están acomodados a esta realidad social.

   .- En el caso de las empresas, el Foro contempla que todas aquellas compañías que incorporen a personas con discapacidad a sus plantillas o concierten acuerdos con centros especiales de empleo para el suministro de productos o servicios, recibirán una acreditación, en forma de ‘Etiqueta Social’, que les avalará como empresas con espíritu social. ¿Cuántas empresas poseen este sello?

   Se trata de un proyecto, todavía no hay empresas con ‘Etiqueta Social’. La idea surge ante las dificultades de las Administraciones para verificar si las empresas cumplen con el dos por ciento de personas con discapacidad contratadas que fija la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). Por ello, aquellas empresas que voluntariamente quieran acogerse al sello pueden acreditar ante el foro que cumplen con este porcentaje. El foro lo acreditaría y se expediría un certificado para que lo puedan presentar en procedimientos de adjudicación de contratos.

   Es decir, se trata de elaborar un sello para facilitar el acceso a los procesos de contratación y acreditar el contenido social y el cumplimiento de las disposiciones sociales por parte de las empresas contratistas.

   .- ¿Cuál es la situación en España de las cláusulas de contenido social en la contratación pública? ¿Y en comparación con otros países?

   La situación es parecida en toda la UE porque se trata de algo novedoso. La directiva europea de 2004 se traspone en España en 2007, pero aún no existe una conciencia generalizada de incorporar la cláusula social. Existen testimonios y acciones testimoniales de algunas administraciones como, por ejemplo, el ayuntamiento de Avilés o el ministerio de Defensa, que es el primer órgano público que tiene memoria de RSC y ha incorporado cláusulas sociales en su proceso de contratación. En cualquier caso, se trata de acciones erráticas ya que no hay una acción generalizada en toda Europa.

   En España, estamos trabajando con el Gobierno en la elaboración de un plan para incorporar cláusulas sociales en la Administración general del Estado. También nos hemos reunido con el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, para poder transmitir nuestro mensaje: las cláusulas sociales necesitan un impulso, una clarificación para poder trasladar a las Administraciones Públicas un elenco de modalidades y, de este modo, incorporar con normalidad ese elemento social en sus decisiones contractuales.

   .- Estamos hablando de crear empleo pero, debido a la crisis actual, ¿no se percibe cierta parálisis al respecto?

   La parálisis es general porque, desde 2007, no ha habido una aplicación generalizada ya que esta parte de la Ley de Contratos está inédita. Partimos de cero pero es algo independiente a la crisis.

ECOticias.com – ep

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