Greenpeace considera que el proyecto de Ley de Costas aprobado hoy en el Consejo de Ministros es un engaño, al proclamar la protección del litoral y a la vez, excluir construcciones ilegales y reducir el deslinde del dominio público marítimo terrestre. La organización ecologista demanda al Gobierno cuáles son los criterios para ese uso «sostenible» de la costa que impedirán las ya habituales atrocidades urbanísticas en nuestro litoral.
Lo que hasta ahora era un borrador de anteproyecto de nueva Ley de Costas, pasa a las Cortes para su debate parlamentario bajo el incoherente nombre de «Ley de protección y uso sostenible del litoral» que modifica la Ley de Costas de 1988. En la exposición de motivos de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha tratado la costa como un recurso de inversión y desarrollo turístico en vez de como un bien y un patrimonio natural público. El propio ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha expresado que «las excesivas limitaciones a las obras restan competitividad al turismo español» sin pronunciar los daños que dichas obras han causado al medio ambiente.
La tramitación de esta Ley de alta incidencia ambiental no ha contado desde el principio con las principales organizaciones ecologistas e institutos de investigación. En ningún momento se tuvo acceso a los borradores previos, de un borrador que se ha elaborado por un bufete de abogados ajenos al Ministerio de Medio Ambiente. Además si no es por la protesta conjunta en el Consejo Asesor de Medio Ambiente de sindicatos, ecologistas o Cofradía Nacional de Pescadores el anteproyecto no se hubiese abierto a alegaciones públicas. No sólo los grupos ecologistas, también las comunidades autónomas como Andalucía tampoco han tenido acceso al mismo.
«El Gobierno tenía claro desde la campaña electoral que quería desmantelar el dominio público marítimo terrestre tal y como ha entendido hasta ahora. Solo se legisla en relación con la propiedad privada y las actividades lucrativas en la costa», ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace. «Con mayoría absoluta en las Cortes el PP deja a futuros decretazos la regulación de la costa», subraya.
Por otro lado, al permitir que se ocupe el territorio durante 75 años extra y en zonas inundables que no se hayan inundado por lo menos cinco veces durante los últimos 10 años, sumado a la exclusión del dominio público de humedales como las salinas se está aumentando exponencialmente el gasto de dinero público en mantenimiento artificial de la costa (espigones de control, regeneración de playas o reconstrucción de paseos marítimos).
Por tanto, la Ley de Costas no responde a la supuesta austeridad anunciada por el Gobierno, sino a la venta del suelo público. Esta argumentación queda clara al conocer que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 el presupuesto para el mantenimiento de la costa se reduce a la mitad, pasando de los 104 millones del 2012 a los 48,8 millones en 2013.
«Sin presupuesto, con la costa privatizada y permitiendo la peligrosa permanencia de industrias y viviendas en la franja costera, quedan claras las intenciones del Gobierno, vender la costa al mejor postor», ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
