El alcalde de Torremocha de Jarama se sienta en el banquillo de los acusados

se celebrará la vista oral contra el alcalde de Torremocha de Jarama por un presunto delito contra la ordenación del territorio por el asfaltado y conversión en calles de varias vías pecuaria. Así se llega a la fase final de un procedimiento que se inició, en 2001 por la denuncia del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. La Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya, colaboradora de Ecologistas en Acción, se personó como acusación particular.

Durante la instrucción del procedimiento en los juzgados de Torrelaguna la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ha imputado un delito contra la ordenación del territorio al alcalde Carlos Rivera Rivera por lo que pide tres años de prisión y una fianza de 80.000 euros como aval para las medidas reparadoras de demolición y restauración del medio natural. La fiscalía considera que existe la agravante de prevalerse de cargo público para la comisión del delito de construcción en dominio público de vías pecuarias en los municipios de Torrelaguna y Torremocha de Jarama. La acusación particular, ejercida por la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya, colaboradora de Ecologistas en Acción, solicita la pena de cuatro años de prisión, e inhabilitación para profesión u oficio, así como para el ejercicio de la actividad pública, además de una fianza de 100.000 euros.

Después de doce años y salvados todos los recursos interpuestos por el imputado (que además de alcalde de Torremocha del Jarama es secretario municipal de al menos sieta municipios y seis mancomunidades de la Sierra Norte de Madrid), el procedimiento ha alcanzado la fase de vista oral, tras la cual el juez dictará sentencia. En esta fase el acusado, valiéndose de testigos y de las pruebas aportadas al procedimiento, defenderá su inocencia. La acusación, por su parte, representada por el Ministerio Fiscal y la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya, intentarán demostrar, lo contrario, la responsabilidad penal en los hechos denunciados.

El imputado, como Presidente del Consorcio «Los Tomillares», urbanización que se construyó de forma ilegal en la década de los años ochenta, transformó varias vías pecuarias que atraviesan la zona, en calles y accesos de la urbanización. Así procedió a urbanizar, asfaltar, abordillar, construir diversas casetas y depósitos, sin autorización para la utilización del dominio público, en la Cañada de las Calerizas, la Colada de San Sebastián y la también Colada del Chifladero.

Estos hechos sucedieron en 2001, un año antes de que la zona sufriera un grave incendio forestal. Los Agentes Forestales de la zona denunciaron estas actuaciones, en diversas actas de inspección, ante la Comunidad de Madrid, y posteriormente ante la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Torrelaguna.

El rechazo reiterado, por parte de la Audiencia Provincial, de los numerosos recursos interpuestos por el imputado, ha venido dando la razón a la acusación particular. La Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya decidió mantener el procedimiento pese a las dificultades que se ha encontrado con las tácticas dilatorias que han retrasado doce años el procedimiento.

Ecologistas en Acción ha colaborado y apoyado estas acciones y se siente representada en este procedimiento, que espera que finalice pronto con una resolución condenatoria.

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