Ecologistas tildan la petición de la central nuclear de GAROÑA de ‘desfachatez’ y ‘surrealista prevaricación’

Así, para Ecologistas en Acción, esta solicitud es una «nueva maniobra» de la industria nuclear y subraya que motivos técnicos y políticos hacen esta prórroga «inviable», por lo que califica de «verdadera desfachatez» la pretensión de Nuclenor si piensa que se puede evitar su cierre a menos de dos meses de que expire su licencia.

   A su juicio, la petición se realiza «a destiempo» y tras permitir que pasaran «todos los plazos legales» para pedir la prórroga en tiempo y forma. Por ello, considera que «resulta de todo punto imposible» que se prorrogue la orden de funcionamiento.

   De este modo, explica que por índole técnica de aquí a julio el CSN no podría evaluar la documentación que tendría que remitirle el titular para dictaminar si se prorroga la vida de la central y por cuento tiempo. Además, por índole política, porque considera que Iberdrola y Endesa, propietarios de Nuclenor, usaron Garoña como elemento para «chantajear al Gobierno» y tratar de conseguir que retirase el impuesto sobre la gestión de residuos radiactivos de la Ley de Medidas Fiscales.

   A su juicio, la concesión de esta nueva prórroga sería «un verdadero escándalo» desde el punto de vista político, puesto que el Ministerio «se plegaría a los deseos de estas empresas». Por ello, Ecologistas en Acción considera que la «extraña solicitud» al Ministerio de Industria «carece de sentido» y espera que la respuesta sea una «negativa rotunda».

   En este sentido, Greenpeace exige al Consejo de Seguridad Nuclear que no conceda a Garoña la prórroga para mostrar su «independencia y credibilidad», ya que reiteró al Ministerio la necesidad de que emita una declaración del cese de explotación para que éste tenga efecto jurídico, y recuerda que el Ministerio no ha dado ninguna explicación al retraso de este proceso.

   «Sin haber cambiado ninguna de las condiciones relativas a la seguridad, sino todo lo contrario debido al paso del tiempo, el CSN no puede conceder una prórroga que ya denegó», ha  manifestado la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, que considera que el CSN debe elegir «entre su independencia y credibilidad o su obediencia a las exigencias de las compañías eléctricas y del Partido Popular».

BURLA AL ESTADO DE DERECHO

   En este sentido, denuncia que una «nueva revocación de la revocación de la Orden Ministerial de cierre de Garoña es reírse del derecho, de los procedimientos y, en definitiva, del poder legislativo», al tiempo que ha añadido que este Ejecutivo está «despreciando al poder legislativo y judicial» y que se está burlando del estado de Derecho.

   Por su parte, el portavoz de Salvia, Carlos Bravo, ha calificado de «surrealista» la solicitud de Nuclenor al Gobierno y opina que esto se debe a que las eléctricas juegan con información privilegiada por parte del Gobierno respecto al futuro normativo-energético, un supuesto que ha advertido de que podría suponer un delito de prevaricación.

   A su juicio, la Ley de reforma energética que prepara el Gobierno va a «torpedear» las renovables y creará un ‘banco malo para las renovables’ pero, a cambio, las nucleares obtendrán 20 años más de vida útil para operar.

   En este sentido, Bravo explica la solicitud en que Nuclenor «tiene que ganar tiempo» porque dicha ley no estará lista antes del 6 de julio, cuando expira la licencia de Garoña y ha añadido que este es el motivo por el que ha pedido una solicitud de prórroga de un año pese a que está parada y sin producir electricidad. Así, ha vaticinado que se acogerá a la Ley cuando esta se apruebe.

   Por este motivo, estima que esta situación evidencia que las eléctricas tienen «información privilegiada» lo que puede constituir un delito de prevaricación. «Ahora el CSN tiene la pelota en su tejado y si le concede la prórroga es un acto de privilegio que se puede llevar a los tribunales», ha indicado.

   Finalmente, ha insistido en que Garoña «no es necesaria» para el panorama eléctrico español y que esta situación es «escandalosa» y se produce porque «hay algo detrás» que las eléctricas esperan que les sea «ventajoso».

 

ECOticias.com – ep

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