Las petroleras estarán obligadas por ley a pagar todo daño ambiental provocado por vertidos en prospecciones

El pleno de la Eurocámara ha aprobado este martes -por 572 votos a favor, 103 votos en contra y 14 abstenciones- una nueva directiva para reforzar la seguridad en las perforaciones petrolíferas y gasistas en alta mar. El objetivo es evitar que se repita una catástrofe como el vertido de BP en el Golfo de México tras el estallido de la plataforma Deepwater Horizon en 2010.

   Las empresas petrolíferas y de gas serán plenamente responsables de los daños medioambientales que causen a las especies marinas protegidas y a los hábitats naturales. Y deberán demostrar que tienen suficiente capacidad financiera para cubrir las consecuencias de un posible incidente.

   Antes de empezar cualquier perforación, los operadores tendrán que realizar un análisis de riesgo completo y preparar un plan de emergencia de respuesta, que será examinado por la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Y la actividad sólo podrá empezar tras la aprobación por parte de una autoridad nacional independiente.

   Las empresas que operen en aguas comunitarias deberán demostrar además que su política de prevención de riesgos se aplica también fuera de la UE. Los Estados miembros se comprometen a promover los mayores estándares de seguridad en las perforaciones en el ártico, aunque la UE no tenga aguas allí.

   La Unión Europea dispone de casi un millar de instalaciones de gas y petróleo en alta mar. La mayoría de ellas son propiedad del Reino Unido (486) y Holanda (181), mientras que España tan solo dispone de cuatro, localizados principalmente en el golfo de Cádiz y en la costa de Tarragona y del País Vasco.

PERFORACIONES EN AREAS TURÍSTICAS

   La Eurocámara ha rechazado una enmienda en la que se pedía prohibir perforaciones en áreas cercanas a zonas turísticas. Para el eurodiputado del PP Gabriel Mato, este resultado supone un aval para Canarias de cara a los futuros sondeos para comprobar si existe petróleo en aguas situadas entre las islas y Marruecos.

   «Me alegro del avance que supone este acuerdo, y especialmente en un momento en el que el debate está abierto en Canarias, porque algunos con responsabilidades políticas pero con una actitud irresponsable tratan de impedir cualquier actividad sin más argumentos que sus propios intereses políticos y electorales», ha dicho Mato en un comunicado, en el que ha criticado la actitud del Gobierno canario.

   Los Estados miembros tienen ahora un plazo de dos años para incorporar esta norma -que ya ha sido pactada con el Consejo- a sus legislaciones nacionales. Las instalaciones ya existentes dispondrán de hasta 5 años para adaptarse a las nuevas normas.

ECOticias.com – ep

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