Luz verde a la Ley de Contaminación

El Pleno de la Cámara Baja ha ratificado las enmiendas procedentes del Senado al proyecto de ley por el que se modifican la normativa de 2002 de prevención y control integrados de la Contaminación y la de residuos y suelos contaminados de 2011, con el apoyo del PP, UPN y Foro de Asturias.

   Las enmiendas del Senado han contado en con el apoyo de PP, CiU, UPN y Foro de Asturias, el voto en contra del BNG y la abstención del resto de grupos parlamentarios.

   Una vez votados los cambios introducidos por la Cámara Alta, este proyecto de ley culmina así su tramitación parlamentaria y queda listo para ser publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y al día siguiente entrará en vigor.

   Esta ley refunda dos textos normativos de acuerdo con la directiva europea sobre emisiones industriales, que da plazo a España hasta el mes de julio para su puesta en marcha y así prevenir y controlar las emisiones a la atmósfera, agua y suelo. Además, la norma se ha tramitado por el procedimiento de urgencia ya que las directivas de la UE que traspone entrarán en vigor el 7 de enero de 2014.

   Su trámite se inició a finales de enero con su aprobación en Consejo de Ministros. Posteriormente, ya en abril, la normativa superó su primer ‘examen’ del Congreso con los votos a favor del PP, UPyD y UPN, mientras que el resto de grupos parlamentarios se abstuvieron. En el Senado, a principios de mayo, contó con el respaldo de PP, UPN y Foro Asturias y la abstención de PSOE, CiU,y PNV.

   Desde el PP, Manuel Mora ha defendido que esta ley representa una «muestra más» de la apuesta del PP por defender el medioambiente y de la competitividad de la industria española. «Está basado en la prevención de las emisiones y en la protección del Medio Ambiente evitando emisiones a la atmósfera al suelo y al agua en el principio de quien contamina paga», ha recalcado.

   Igualmente, ha subrayado que este proyecto de ley ha recibido un informe favorable del Consejo de Estado, y ha destacado que con este proyecto de ley se pretende garantizar la eficacia legislativa en términos medioambientales; simplificar y unificar la normativa en materia de misiones industriales y evitar los costes administrativos innecesarios.

NULA VOLUNTAD DEL GOBIERNO A CONSENSUAR

   El portavoz del PSOE en la materia, José Luis Ábalos, ha señalado que este texto refleja la concepción del PP «de que el medio ambiente es un obstáculo para la competitividad y el crecimiento económico».

   Además, Ábalos ha argumentado que la abstención del grupo parlamentario socialista en que el plazo para esta trasposición venció el pasado enero, al mismo tiempo que reprocha al PP que no haya incorporado a la ley ninguna de sus 16 enmiendas presentadas. «Sólo incluye autoenmiendas del PP en el Senado sin ninguna significación, limitándose a precisiones técnicas y de estilo», ha criticado.

   Joseba Agirretxea, del PNV, ha subrayado que su grupo parlamentario se ha abstenido en la votación de esta ley porque no se han aprobado ninguna de sus enmiendas. «La cerrazón del PP con leyes, incluso técnicas como éstas, está llevando a que optemos por la abstención porque el voto no puede ser en contra al tratarse de una ley necesaria y una trasposición de una directiva», ha justificado.

   En este punto también se ha pronunciado Toni Cantó, de UPyD, quien ha criticado la «nula voluntad» del PP a aceptar las enmiendas, mientras, Laia Ortiz, de IU-ICV-CHA, ha mostrado su rechazo a la falta de voluntad de diálogo del PP y entiende que la trasposición de la directiva «podría ir mucho más allá».

   Los grupos de la oposición han criticado durante la tramitación parlamentaria también que esta modificación normativa realiza una «mala» trasposición europea que además afecta a unas 6.100 empresas españolas y puede abrir la vía de la privatización en la inspección medioambiental.

SIMPLIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN

   La nueva normativa es, según el texto, una simplificación de la legislación y pretende una reducción de las cargas administrativas, al tiempo que recoge las demandas ciudadanas para garantizar más rapidez en la tramitación de autorizaciones ambientales integradas.  

   En esta línea, se suprime la necesidad de aportar documentos en los procedimientos de revisión y actualización de la autorización, cuando ya hubiesen sido aportados con motivo de la solicitud de autorización original.

   Otra medida de simplificación administrativa es la supresión del deber de renovación de la autorización. Ahora es el órgano ambiental competente, mediante un procedimiento simplificado, quien garantiza la adecuación de la autorización.

   En materia de emisiones industriales se establece un procedimiento de actualización de las autorizaciones ya otorgadas, en virtud del cual, el órgano ambiental competente de oficio comprobara, mediante un procedimiento simplificado, la adecuación de la autorización a las prescripciones de la nueva Directiva.

   Es más, se dispone como fecha límite para la actualización de las autorizaciones el 7 de enero de 2014. Tras el proceso de actualización de las autorizaciones ya otorgadas, estas se revisarán siguiendo las nuevas pautas en materia de revisión que esta ley incorpora.

   En relación con la protección del suelo y de las aguas subterráneas, el texto incorpora la necesidad de presentar un informe para solicitar la autorización ambiental integrada que permita conocer la «situación de partida» que permita hacer una comparación cuantitativa del estado del emplazamiento de la instalación del informe y el estado de dicho emplazamiento tras el cese de la actividad.

   De este modo se podrá determinar si se ha producido u aumento significativo de la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.

ECOticias.com – ep

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