El pasado mayo, el Grupo de Alto Nivel de la ONU publicó su informe (pdf) Post-2015. El anexo 1 (p.30-31) presenta los 12 objetivos y 54 indicadores que potencialmente pueden convertirse en la nueva agenda de desarrollo. El anexo 1 es también lo que la Campaña del Milenio de la ONU en Nigeria compartió recientemente como parte de su iniciativa consultiva con organizaciones nacionales.
Durante mi trabajo de campo en Nigeria, tuve la suerte de formar parte de las discusiones sobre la agenda en la ONG que me acogía. Éstas incluían una revisión del marco de derechos, y en especial, de las responsabilidades de Estados y corporaciones. En este post quiero compartir la idea surgida en esas discusiones de que la nueva agenda necesita ser más osada en promover que los Estados y otros tomadores de decisiones cumplan y hagan cumplir derechos.
Derechos y Estados
Los Estados cumplen tres funciones en términos de derechos. Los Estados deben ser los principales proveedores de derechos (ej. pagar por la policía, juezas/es, profesorado, enfermeras/os), prevenir violaciones de derechos por terceras partes y evitar violar derechos ellos mismos.
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En la nueva Agenda, 2 de los 12 objetivos monitorizan la gobernanza a nivel estatal e internacional (objetivos 10 y 12). Esto es positivo si lo comparamos a los actuales Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODMs) que sólo tienen un objetivo de gobernanza (ODM 8). Aun así, el objetivo 10 habla de las obligaciones estatales todavía con timidez. Sus indicadores, que van desde la identidad legal hasta la libertad de expresión [i], cubren derechos políticos y civiles pero dejan fuera a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.
En los otros objetivos de educación, salud, alimentación y agua tampoco se hace referencia a los Estados. Ninguno de los 12 objetivos cubre temas como la inversión pública o los compromisos presupuestarios acordados por los propios Estados en conferencias de la ONU. Como resultado, una se queda con la duda de quién es el principal órgano proveedor de derechos.
Monitorizar presupuestos es vital para poder hacer de los derechos una realidad y para evitar tener una segunda historia de ODMs incumplidos. Esto es clave no sólo en perfiles estatales como el de Nigeria donde la inversión pública es escasa a pesar del crecimiento del PIB sino también en países como el mío, España, donde el gasto público está siendo drásticamente recortado durante la actual crisis [ii].
Derechos y el Sector Privado
La Agenda menciona el rol del sector privado en la creación de riqueza e inversión, pero no en el respeto de derechos. La experiencia muestra que el crecimiento no siempre viene acompañado con el cumplimiento de derechos. De hecho, muchas veces el crecimiento ocurre como resultado de violaciones de derechos. Las corporaciones multinacionales en especial se han forjado una fuerte reputación de abusos laborales, colectivos y ambientales.
El sector privado puede y debe respetar los derechos mientras contribuye al crecimiento. Pero para eso es necesaria una regulación y seguimiento estatal e internacional, lo que incluye también a algunas agencias internacionales.
Monitorizar a los detentores de poder para hacer de los derechos una realidad
Monitorizar tanto derechos como obligaciones es indispensable porque una parte no puede trabajar sin la otra si queremos que los derechos se cumplan en realidad. Por ejemplo:
>> No habrá educación primaria de calidad (indicador 3b) o reducción de enfermedades (4e) si no monitorizamos que los Estados sigan las metas de las Iniciativas de la UNESCO-Vía Rápida (6%-20% del PIB para educación) o de la Declaración de Abuja (15% del PIB para salud) entre otras aplicables en cada país.
>> No puede haber agricultura o pesca sostenible (5d) si no monitorizamos a quienes son menos sostenibles, como por ejemplo las industrias extractivas.
Necesitamos más indicadores que monitoricen abiertamente las obligaciones de los Estados y corporaciones. Los indicadores sobre corrupción (Objetivo 10) y evasión fiscal (Objetivo 12) van en esa dirección. Pero necesitamos más, pues la gobernanza trata tanto de temas ilegales (ej. corrupción) como de temas legales pero anti-éticos (ej. asignaciones presupuestarias injustas):
>> El Objetivo 10 debe ser más explícito en monitorizar la inversión pública para la provisión de derechos. Esto debe incluir derechos políticos y civiles así como derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.
>> El Objetivo 10 debe ser más claro en monitorizar las violaciones de derechos por los mismos Estados, y no sólo derechos políticos y civiles sino también derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.
>> El Objetivo 12 debe ser más claro sobre el rol de las corporaciones (y agencias internacionales) en el respeto de los derechos, monitorizando el aumento de regulaciones nacionales e internacionales sobre éstas.
¿Soñando 2015?
La Agenda Post-2015 nos invita a soñar, así que soñamos. Un sueño que ya es realidad en muchas iniciativas de la Sociedad Civil y la ONU, por ejemplo, las consultas del Participate y el Beyond 2015 con quienes padecen violaciones de derechos, las movilizaciones alrededor de los Estados de la Campaña del Milenio de la ONU o los proyectos de finanzas públicas y responsabilidad corporativa que identifican y denuncian a quienes violan derechos. Un mayor acento en el nuevo marco en derechos y responsabilidades sólo puede promover más iniciativas de este tipo en el terreno.
En mi sueño Post-2015, veo una ONU que pone en su escaparate ODM lo que ya hace en muchos de sus programas, informes y conferencias; una ONU que es atrevida y sueña con un mundo atrevido donde la gente disfrute de sus derechos porque aquellos responsables de proveer por ellos estarán monitorizados de forma cristalina en la Agenda más importante de la ONU.
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[i] 1) identidad legal universal y gratuita como los registros de nacimiento; 2) derecho público a la información; 3) libertad de expresión, de asociación, de protesta pacífica y de unos medios de comunicación independientes; 4) participación pública en los procesos políticos; y 5) reducción de los sobornos y de la corrupción.
[ii] Las Declaraciones de Abuja y Maputo piden el 15% y 10% del PIB para salud y agricultura mientras que el presupuesto nigeriano de 2013 asigna un 5.7% y un 1.7% respectivamente. El gobierno español redujo los presupuestos de educación y salud en un 14.4% y un 22,6% respectivamente para el 2013 en comparación con el 2012.
En la imagen: La Iniciativa de ‘El Lunes Negro’ en Nigeria, cada lunes la gente se viste de negro para pedir responsabilidad a los Estados en presupuestos y corrupción.
http://www.canalsolidario.org/ – ECOticias.com
