La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha afirmado en el Parlamento andaluz que el principal objetivo de la acción que va a desarrollar su departamento durante esta legislatura será mejorar la calidad de vida de los andaluces, promoviendo el desarrollo socioeconómico de los territorios y garantizando la preservación del medio ambiente. Para ello, mantendrá un diálogo permanente con los diferentes agentes sociales y con los ayuntamientos, con quienes trabajará desde el consenso por el «bienestar común de los ciudadanos».
Durante su intervención, la consejera ha destacado la creación del empleo vinculado al medio ambiente como una de las prioridades del Gobierno andaluz, así como la lucha contra el cambio climático. Para lograr este objetivo, la Junta buscará la participación de las distintas administraciones, organizaciones económicas y sociales y comunidad científica. De esta manera, se pretende sentar las bases de un pacto andaluz por la economía y el empleo verde, «que permita reforzar y acelerar la transición de Andalucía hacia un sistema más competitivo económicamente, más justo socialmente y más saludable medioambientalmente».
La consejera ha subrayado su intención de hacer «del derecho de los ciudadanos al acceso a la información, una bandera que impulse la transparencia en todos los ámbitos que afectan a las relaciones de la población con su medio ambiente».
Por último, Serrano ha informado de que la nueva estructura de la Consejería se adaptará a las nuevas competencias que asume este departamento, «donde el medio ambiente y la ordenación del territorio se conectan y se complementan, puesto que el espacio físico es el mismo. Por ello, es necesario planificar desde el principio teniendo en cuenta la perspectiva medioambiental, y lograr así el desarrollo sostenible del territorio».
Según la consejera la unión de las competencias de medio ambiente con las de ordenación del territorio y urbanismo supone una gran oportunidad para aplicar las políticas planificadoras y urbanísticas, que contemplen la variable social y ambiental, con una visión integradora.
La responsable autonómica, que ha prestado una especial atención en su intervención a los ayuntamientos en su papel de agentes, ha recordado en este sentido que Andalucía posee «uno de los patrimonios naturales más ricos de Europa», con Sierra Nevada y Doñana como «baluartes de conservación», y que ya acapara el 18% del empleo verde existente en España, destacando los sectores de energías renovables, ecoturismo, tratamiento de residuos o la gestión sostenible de recursos hídricos.
Serrano ha recalcado también las actuaciones que lleva a cabo su departamento para promover la creación de puestos de trabajo en el sector forestal y en el medio rural en el marco del Plan de Choque de la Junta, que contempla iniciativas destinadas, principalmente, a proyectos de prevención de incendios y mejora de infraestructuras forestales, trabajos de regeneración y revalorización de los montes públicos, con unos 50 millones de inversión. En este sentido, ha abogado por promover un nuevo modelo de gestión forestal que ponga el patrimonio natural a disposición de los distintos agentes sociales, combinando la planificación pública con la privada para favorecer que los emprendedores aprovechen la «potencialidad» de estos territorios «para beneficio de la sociedad».
En relación a actuaciones concretas en materia medioambiental, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha aludido a la redacción de la nueva Ley de Espacios Protegidos de Andalucía, con el 30,5% del territorio andaluz en régimen de protección; la necesidad de considerar a Doñana como «uno de los pilares fundamentales de la identidad de Andalucía» y excluirla del debate de cuestiones «que le son ajenas»; la adaptación del dispositivo Infoca a los nuevos medios tecnológicos, o la aprobación de la futura Ley Andaluza contra el Cambio Climático.
Planeamientos urbanísticos
En lo tocante a aguas, Serrano ha hecho hincapié en que resulta «fundamental» recuperar la gestión de las aguas del río Guadalquivir, «de acuerdo con lo que el Parlamento aprobó por unanimidad», y que el Gobierno de la Nación reconozca sus competencias, frente a la situación actual, puesto que a pesar de corresponder a la región andaluza el 80% del territorio y el 98% de los recursos el Plan Hidrológico del Guadalquivir «se aprobó sin contar con el apoyo de la Junta».
También en materia de aguas, la titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha manifestado que su departamento continuará trabajando para mejorar las infraestructuras hidráulicas y la calidad de sus aguas, en el desarrollo de la Ley de Aguas, y en la aprobación de un nuevo Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Andalucía.
Por último, en lo que respecta a ordenación del territorio, Serrano ha anunciado que se valora la creación de una unidad técnica destinada a una gestión «sostenible» del territorio, bajo la premisa general de «simplificar» en la que también se encuadra la instauración de una ‘ventanilla única’ para la aprobación de planeamientos que deben ser «menos complejos y mejor adaptados a la realidad de los municipios». Sobre el litoral, cuyo Plan del Corredor se pondrá en marcha tras el vigente periodo de exposición pública, ha explicado que hay que proteger una costa «degradada por el cemento, mal planificada y peor desarrollada».
