La delegación provincial de Medio Ambiente de Huelva responde a las alegaciones de Ecologistas en Acción sobre instalaciones destinadas a las pruebas de los drones (aviones dirigidos a distancia con uso primordialmente bélico y militar) indicando que existe una “declaración de prevalencia” de interés general del proyecto.
Ecologistas en Acción vuelve a pedir al gobierno andaluz y a las fuerzas políticas que lo conforman, que respete y exija el cumplimiento de su propia legalidad de protección y de ordenación del territorio.
Ecologistas en Acción en sus alegaciones presentadas en tiempo y forma, exigió a la Junta de Andalucía que no permitiese la descatalogación de más suelo forestal para la construcción de instalaciones destinadas a las pruebas de los drones, aviones dirigidos a distancia con uso primordialmente bélico y militar. Un proyecto que tiene previsto la descatalogación de 75 hectáreas de suelo forestal en el término municipal de Moguer, en la comarca de Doñana, para la instalación del proyecto Ceus del Instituto de Tecnología Aeroespacial (INTA) del Ministerio de Defensa.
Ecologistas en Acción argumentó que el proyecto contraviene varias normas de protección del ámbito de Doñana y normas forestales:
En primer lugar, el Plan de Ordenación del territorio del ámbito de Doñana (POTAD) determina que la zona que se plantea descatalogar y deforestar es una zona A, de máxima protección, y en la que en ningún caso se justifica ninguna actuación, ni transformación para fines que no sean los forestales.
En segundo lugar, la Ley de Montes (ley10/2006 de 28 de abril) en su Art. 50 indica “ningún monte público que haya sufrido incendio podrá transformarse ni cambiar de estatus en un plazo de treinta años”. Dado que la zona elegida sufrió incendios en los años 2002, 2005 y 2012, la localización de estas instalaciones en esta parcela de Montes Ordenados de Moguer es ilegal. Asimismo, la justificación de que se trata de una zona “degradada”, contraviene la Ley Forestal andaluza, que exige que si unos terrenos forestales se encuentran degradados, debe urgirse a la Consejería de Medio Ambiente a tomar medidas inmediatas para su recuperación, planteándose incluso la reforestación de los mismos. Lo contrario, no sería sino contravenir el mandato legal, que es de obligado cumplimiento.
La asociación ecologista también detalló que la zona a descatalogar poseía claros valores ambientales, entre otros la de ser zona de tránsito del lince. Por último, la argumentación ecologista puso en cuestión la evaluación de las alternativas propuestas a la ubicación elegida. Para Ecologistas en Acción se ha pretendido ocultar la razón de fondo de la elección realizada, que no es otra que la de facilitar la tramitación administrativa y actuar con coste cero al ser la zona elegida totalmente de propiedad pública.
A todo esto la Delegación provincial de Medio Ambiente de Huelva ha respondido que reconoce que la zona del proyecto, correspondiente a los Montes Ordenados de Moguer, se encuentra dentro de la zona de dispersión y tránsito del lince ibérico y reconoce también la afección a especies vegetales en peligro de extinción, vulnerables y de interés ambiental dentro del espacio de Doñana, pero argumenta que existe una “declaración de prevalencia”, del interés general del proyecto, sobre las leyes que protegen Doñana y sobre las leyes forestales de nuestro país.
Por otro lado, Ecologistas en Acción ha sabido que se celebró recientemente una reunión en Huelva de representantes de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía para promover e informar la citada “prevalencia” del proyecto, hechos que pervertirían el procedimiento de información pública y menospreciaría la opinión ciudadana.
La citada “prevalencia” aún no existe y cabe preguntarse: ¿acaso es posible que exista una prevalencia sobre Doñana y sobre la legislación forestal de un proyecto de tecnología militar por el cobro de una subvención de la Unión Europea?.
Ecologistas en Acción solicita al gobierno andaluz, y a las fuerzas políticas que lo conforman, que en su responsabilidad como garante del medio ambiente en Doñana, respete y exija el cumplimiento de su propia legalidad de protección y de ordenación del territorio, rechazando el interés general de un proyecto, cuya principal utilidad es de índole bélico y militar: los drones en más del noventa por ciento de los casos son de uso exclusivamente para “espionaje militar” y otros procedimientos bélicos agresivos, totalmente alejados de la naturaleza y su protección en un espacio tan singular como Doñana.
Igualmente solicita la anulación del procedimiento, ya que la declaración de “prevalencia” es posterior a toda la información pública, y anuncia que llevará el proyecto al Consejo de participación de Doñana y a instancias europeas, exigiendo la protección de dicho espacio, seriamente cuestionado por este proyecto.