La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha afirmado en el Parlamento andaluz que la Ley de Costas no tendrá efectos significativos en Andalucía, ya que «la protección de la franja litoral está garantiza actualmente por los instrumentos de planificación adoptados por la Junta». En este sentido, la consejera ha señalado que el Plan del Litoral elaborado por su departamento, actualmente en información pública, establece un régimen de protección para la totalidad de la franja de los 500 metros, definiendo distintas categorías de protección. Según Serrano, este Plan viene a contrarrestar las medidas ‘desreguladoras’ establecidas por el Gobierno central, además de «proteger lo público y favorecer la generación de empleo asociado a la potencialidad del litoral».
Para Serrano, la Ley de Costas aprobada por el Consejo de Ministros pretende también regular autorizaciones en la zona de Servidumbre de Protección, que el Tribunal Constitucional ha atribuido a las comunidades autónomas, es decir, que se «extralimita el marco competencial del Estado». Por ello, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional para defender a Andalucía de esta intromisión, un recurso que ha sido admitido a trámite por dicho Tribunal, un hecho que la consejera ha valorado durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz.
Por último, la consejera ha manifestado que esta norma del Gobierno central pretende también favorecer la privatización del litoral, reducir la zona de servidumbre de protección de 100 a 20 metros en algunos supuestos y triplicar la vigencia de las concesiones de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre por otros 75 años, lo que representa de hecho la «privatización del dominio público marítimo terrestre».