El Gobierno de Cantabria aprobará en su reunión de este jueves la anulación del permiso de fracking Arquetu, que concedió el anterior Gobierno regional (PRC-PSOE) a la empresa Trofagás Hidrocarburos, hoy BNK España en marzo de 2011, en la recta final de la pasada legislatura, y que ha permanecido suspendido cautelarmente desde entonces a raíz de los recursos administrativos presentados por varios colectivos sociales.

Se trata del primer paso del Ejecutivo del PP tras la suspensión de la Ley que prohibía el fracking en Cantabria como consecuencia automática del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central.

El permiso se anula y se declara «ilegal» tomando como base la Ley del Suelo de Cantabria, que prohíbe las actividades extractivas en suelos rústicos de especial protección y las limita a aquéllos que previamente estén declarados como rústicos de especial protección minera, requisito que no cumplen los terrenos afectados por el permiso Arquetu.

Así lo han asegurado este jueves en rueda de prensa el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, quienes han explicado que con este paso, el Gobierno quiere «despejar las dudas» y «dejar claro el régimen jurídico» que operará en Cantabria durante la suspensión de la ley que prohíbe el fracking, suspensión que esperan sea «transitoria» y acabe levantándose.

El permiso de investigación de hidrocarburos Arquetu, concedido por un periodo de seis años a Trofagás, filial de BNK Petroleum Inc., afecta a un área de cerca de 25.000 hectáreas perteneciente a nueve municipios de los valles de Saja y Nansa: San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos, «el corazón de Cantabria», en palabras de Diego.

Tras el cambio de Gobierno, el permiso Arquetu quedó suspendido cautelarmente al no resolver la administración regional en el plazo que establece la ley los recursos ordinarios presentados en el verano de 2011 por la Mancomunidad de Municipios Saja-Nansa, Red Cambera, la Asociación Mortera Verde, Concejo Tres Mares y de forma conjunta Ecologistas en Acción y el 15M de Santander y de Cabezón de la Sal.

CINCO RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE 2011

Tras la suspensión de la ley de Cantabria que prohibía el fracking, el Gobierno de Cantabria ha retomado y resuelto esos cinco recursos de 2011 que pedían la anulación del permiso Arquetu. Dos de ellos se han inadmitido por defectos formales (los de Concejo Tres Mares y EA-15M) y los otros tres se han resuelto favorablemente, dando lugar a la anulación del permiso, que tiene «efectos inmediatos».

Según ha explicado Diego, los informes jurídicos que sostienen la estimación de estos recursos señalan que los terrenos afectados por el permiso Arquetu no pueden destinarse al uso minero extractivo, y que las medidas ambientales recogidas en el proyecto son «insuficientes y excesivamente genéricas».

El ‘Arquetu’ era el único permiso de fracking en la región aprobado por el Gobierno de Cantabria. Los otros cinco (Luena, Bezana, Bigüenzo, Angosto-1 y Usapal) afectan también a otras provincias vecinas y fueron autorizados por el Ministerio de Industria durante el Gobierno del PSOE.

El Gobierno de Cantabria no tiene pues competencia para anularlos pero sí espera, en los cinco casos, impedir la práctica efectiva del fracking en Cantabria «cuando llegue el momento», es decir, cuando las empresas adjudicatarias soliciten las autorizaciones para actividades concretas de uso del suelo, permisos que se denegarán si éste no cuenta con la compatibilidad urbanística, el mismo argumento jurídico en el que se basa la anulación del permiso regional Arquetu.

Tanto Diego como Fernández han destacado que existe una «amplia» jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que avala este posicionamiento, por lo que confían en que el TSJC refrende la resolución del Gobierno en el supuesto de que la empresa adjudicataria recurra la anulación del permiso Arquetu.

Doctrina que, según el consejero, el Gobierno de Cantabria ha venido aplicando con carácter general salvo en el caso del permiso Arquetu.

CRÍTICA A LOS SINDICATOS Y A LA OPOSICIÓN

«Seguimos sosteniendo que el Gobierno va a utilizar todos los argumentos jurídicos que nos proporcionan las leyes para oponernos a la práctica del fracking en Cantabria», ha subrayado el presidente de Cantabria y líder del PP regional, quien ha destacado que el Partido Popular de Cantabria «defiende los intereses de los cántabros por encima de la opinión del partido a nivel nacional», que es favorable al fracking.

Diego ha reiterado que el PP es el «único partido regionalista en Cantabria» porque cuando gobierna, lo hace «atendiendo exclusivamente los intereses de los cántabros», cosa que no hicieron el PSOE y el PRC, que cuando gobernaron «hicieron lo que les dijeron en Madrid».

El presidente regional también ha censurado el apoyo al fracking de CCOO y UGT, a los que ha llamado «los hermanos menores de PSOE y PRC», y ha criticado que «los sindicatos de la izquierda cántabra también hagan lo que les sugieren en Madrid».

«Si volvieran a gobernar socialistas y regionalistas, que nadie dude de que volverían a dar permisos de fracking apoyándose en la propuesta de sus hermanos menores los sindicatos de la izquierda cántabra, ha finalizado.