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lunes, febrero 6, 2023

Arranca el seguro ambiental obligatorio

La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del MAGRAMA, Guillermina Yanguas ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que «a través de este cambio legislativo, de un total de 300.000 actividades, solo las 5.470 previstas en el Anexo III deberán suscribir esos seguros ante posibles incidencias ambientales».

La obligación de contratar un seguro ambiental quedará ajustada a partir de este sábado, 5 de julio, a un total de 5.470 actividades, con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, publicada este viernes en el B.O.E.

La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del MAGRAMA, Guillermina Yanguas ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que «a través de este cambio legislativo, de un total de 300.000 actividades, solo las 5.470 previstas en el Anexo III deberán suscribir esos seguros ante posibles incidencias ambientales».

Según el MAGRAMA, las empresas que no figuren en ese anexo, en su mayoría de pequeño o mediano tamaño, quedarán exentas de la contratación del seguro porque su potencial de daño ambiental es «mucho menor».

«De acuerdo con la anterior redacción de la Ley de Responsabilidad Ambiental, todos los operadores estaban obligados a establecer garantías financieras –explica la directora general–. Dentro quedaban englobados operadores muy heterogéneos. Desde industrias cementeras, centrales eléctricas, cuyo potencial de daños ambientales es mucho mayor, hasta pequeños negocios familiares como panaderías o estudios de música».

Esta limitación ha suscitado críticas de la oposición durante la tramitación parlamentaria, pero Yanguas argumenta que el cambio era necesario. «No era razonable. Se establecían demasiadas garantías pero en la práctica no se exigían lo suficiente», ha señalado.

Según la directora general, el objetivo de la reforma es la eficacia en el proceso de garantías. «Con esta reforma, vamos a conseguir que las garantías se apliquen a quienes verdaderamente generan las mayores incidencias ambientales», señala.

En ese sentido, sostiene que es clave que las administraciones públicas se impliquen en los análisis de riesgos que están obligadas a hacer las empresas, algo también previsto por esta reforma. «Desde el Ministerio hemos lanzado la aplicación ‘Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental’ (MORA), que permite a las empresas predecir los escenarios de riesgo ambiental derivados de su actividad y calcular el valor económico de los potenciales daños», destaca.

La norma mantiene las exenciones previstas hasta ahora para los operadores cuya actividad sea susceptible de ocasionar daños inferiores a 300.000 euros y a aquellos cuyo impacto se estime entre los 300.000 y 2.000.000 de euros que acrediten estar adheridos al sistema de gestión y auditoría ambiental EMAS o al sistema UNE-EN ISO 14001 en vigor y operadores que utilicen productos fitosanitarios o biocidas con fines agropecuarios y forestales.

SI HAY DAÑO, IGUAL TENDRÁN QUE PAGAR

«Vamos a mantener todas esas exenciones. No nos han exigido cambios ni las autonomías, ni los ecologistas –subraya Yanguas–. Por otra parte, que no estén obligados a contratar un seguro no quiere decir que no estén sujetos al régimen de responsabilidad ambiental y tengan que pagar por los daños de producirse éstos».

Por otro lado, la reforma amplía el ámbito de su aplicación a las aguas marinas. Según la directora general, esta medida constituye un «avance pionero» entre los países europeos.

ep

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