Cantabria – Cabezón de la Sal, exigen la anulación de la ordenanza de cierres de parcelas

Pablo MantenimientoWeb
Publicado el 18 de julio de 2014 a las 10:04
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Cantabria - Cabezón de la Sal

Ecologistas en Acción Cantabria ha pedido al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal que anule la Ordenanza de ‘Regulación de cierres de parcelas, cierres vegetales y plantación de setos, arbustos y árboles ornamentales’, ante los requerimientos realizados a numerosos vecinos para que procedan a la tala de árboles o a «podas salvajes».

En un comunicado, la agrupación ecologista ha instado al Consistorio a que mantenga la aplicación del Código Civil a cada caso individualizado de conflicto porque, lo que realmente necesita el Ayuntamiento «con urgencia» es, en su opinión, una Ordenanza Forestal que tenga como objetivo restringir las plantaciones «masivas e indiscriminadas» de pinos y eucaliptos por sus «graves impactos» ecológicos, económicos, sociales y sobre el paisaje.

Igualmente, reclama el Código Civil porque, dice, así se evitaría la aplicación indiscriminada de una ordenanza «que no contempla la importancia de los setos y arboledas»; y porque el planeamiento urbanístico desprecia las estructuras tradicionales de mosaico y los paisajes de cercas con sus setos, hileras arboladas y rodales boscosos, en una «degradación progresiva de unos paisajes cada vez más desprovistos de la vegetación natural y tradicional con talas y podas salvajes en numerosos lugares de Cabezón de la Sal».

Asimismo, recrimina que el Ayuntamiento pretende aplicar las nuevas normas y exigencias con carácter retroactivo, «haciendo prevalecer intereses ajenos a los derechos adquiridos con anterioridad en la conservación de la vegetación existente»; y que «ignora el valor añadido de las calidades y singularidades de unos paisajes que forman parte de la oferta turística de muchas actividades de casas y hoteles que se han ido consolidando en los últimos años».

También reprocha que no discierne el tipo de especies afectadas, yque «va crear numerosas agravios comparativos» y «favorecer las denuncias anónimas y venganzas particulares» en vez de realizar un seguimiento más preciso en cada caso de las posibles incompatibilidades con otros usos o de los riesgos que puedan suponer para el tránsito o seguridad de personas y bienes.

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