En un comunicado, la agrupación ecologista ha instado al Consistorio a que mantenga la aplicación del Código Civil a cada caso individualizado de conflicto porque, lo que realmente necesita el Ayuntamiento «con urgencia»
Ecologistas en Acción Cantabria ha pedido al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal que anule la Ordenanza de ‘Regulación de cierres de parcelas, cierres vegetales y plantación de setos, arbustos y árboles ornamentales’, ante los requerimientos realizados a numerosos vecinos para que procedan a la tala de árboles o a «podas salvajes».
En un comunicado, la agrupación ecologista ha instado al Consistorio a que mantenga la aplicación del Código Civil a cada caso individualizado de conflicto porque, lo que realmente necesita el Ayuntamiento «con urgencia» es, en su opinión, una Ordenanza Forestal que tenga como objetivo restringir las plantaciones «masivas e indiscriminadas» de pinos y eucaliptos por sus «graves impactos» ecológicos, económicos, sociales y sobre el paisaje.
Igualmente, reclama el Código Civil porque, dice, así se evitaría la aplicación indiscriminada de una ordenanza «que no contempla la importancia de los setos y arboledas»; y porque el planeamiento urbanístico desprecia las estructuras tradicionales de mosaico y los paisajes de cercas con sus setos, hileras arboladas y rodales boscosos, en una «degradación progresiva de unos paisajes cada vez más desprovistos de la vegetación natural y tradicional con talas y podas salvajes en numerosos lugares de Cabezón de la Sal».
Asimismo, recrimina que el Ayuntamiento pretende aplicar las nuevas normas y exigencias con carácter retroactivo, «haciendo prevalecer intereses ajenos a los derechos adquiridos con anterioridad en la conservación de la vegetación existente»; y que «ignora el valor añadido de las calidades y singularidades de unos paisajes que forman parte de la oferta turística de muchas actividades de casas y hoteles que se han ido consolidando en los últimos años».
También reprocha que no discierne el tipo de especies afectadas, yque «va crear numerosas agravios comparativos» y «favorecer las denuncias anónimas y venganzas particulares» en vez de realizar un seguimiento más preciso en cada caso de las posibles incompatibilidades con otros usos o de los riesgos que puedan suponer para el tránsito o seguridad de personas y bienes.
ep