Desastre en Canarias con la nueva ‘Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales’

Sin embargo, el Parlamento de Canarias aprobó el Proyecto de Ley con el que Coalición Canaria, con el beneplácito del PSOE, ha dado un paso inaudito en la desregulación en materia de ordenación territorial: la Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.

La ordenación territorial, como instrumento que garantiza la preservación de los bienes públicos y la integridad del territorio, precisa no sólo de una normativa a la altura de estas expectativas, sino también de garantes técnicos y políticos que velen por su cumplimiento. El desarrollo se debe producir de forma equilibrada en el diseño territorial, y para ello, deben combinarse con inteligencia los múltiples factores imprescindibles para la sustentabilidad, como la conservación de los espacios naturales o del suelo rústico[1].

Sin embargo, el Parlamento de Canarias aprobó el Proyecto de Ley con el que Coalición Canaria, con el beneplácito del PSOE, ha dado un paso inaudito en la desregulación en materia de ordenación territorial: la Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.

Esta Ley, y , implica la desaparición de cualquier medida de preservación del medio natural frente al crecimiento urbanístico. No sólo elimina todas las medidas conservacionistas de la normativa territorial, sino que además permitirá la declaración de nuevo suelo turístico, o la instalación de equipamientos de ocio en suelo rústico sin restricciones.

Se rebajará la exigencia de cumplimiento de los condicionantes ambientales en los trámites administrativos de nuevos proyectos, e incluso la duración de la tramitación y de su exposición pública (trámite que garantiza la información y la participación) quedará rebajada en un 50% si el proyecto se declara como “Inversión estratégica para Canarias”.

Los espacios naturales protegidos quedarán subrogados al planeamiento insular, sus instrumentos de ordenación carecerán de requisitos mínimos para ser considerados aceptables.

Todo ello no sería posible sin eliminar la capacidad de intervención del funcionariado público, como así se hará. A partir de ahora se dotará a las empresas privadas de la capacidad de decidir el fin y el uso de los bienes colectivos, puesto que las consultoras externas podrán elaborar las declaraciones de impacto ambiental. Para ello ostentarán unas funciones que hasta hoy sólo poseía el funcionariado público, aunque como cabe esperar, respondan únicamente ante los intereses de sus clientes, que son los promotores de los proyectos que se pretende aprobar.

La Viceconsejería de Medio Ambiente pasará a ser un mero órgano consultivo. Toda la capacidad decisoria recae sobre la Viceconsejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, presidida por Domingo Berriel, quien a su vez preside la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias), que es quien dicta en último caso la autorización de cualquier proyecto y, supuestamente, vela por el cumplimiento de los principios de la ordenación territorial.

Pero para colmo, ahora CC, con el completo apoyo del PP, anuncia que también eliminará la COTMAC y dejará en el limbo esta Ley que acaba de aprobar, y además dotará a los municipios de la capacidad absoluta para decidir sobre su propia ordenación, sin atender a los principios de integridad territorial que deben garantizar el equilibrio en el desarrollo de todo el conjunto de las islas, y exponiendo al territorio todavía más a la prevalencia de los intereses privados frente a la preservación de los recursos públicos.

Ben Magec – Ecologistas en Acción denuncia con contundencia que esta legislatura ha sido nefasta para el medio ambiente, pues ha supuesto la eliminación de cualquiera de las medidas regulatorias que existían en materia de ordenación del territorio y el vaciamiento de cualquier función pública que procurara garantizar la conservación.

El PSOE ha cedido amistosamente a las exigencias depredadoras de Coalición Canaria. También ha hecho todo tipo de dejación de funciones, ha incumplido sus promesas electorales, y ha abandonado su apuesta por la nueva Ley de Biodiversidad, que dejó morir por una supuesta falta de tiempo, mientras sí encontró tiempo de sobra para aprobar esta Ley de Armonización.

Por último, la desprotección absoluta viene amparada de las medidas estatales promovidas por el Partido Popular, como la recientemente aprobada Ley de Parques Nacionales. Estas normas, sumadas a la Ley de Costas y al intacto Catálogo de Especies Protegidas y a esta nueva Ley de Armonización, dan el golpe de gracia definitivo a la ordenación del territorio.

Pero es más, de seguir gobernando cualquiera de los tres partidos que han estado implicados en este despropósito (CC, PSOE y PP), lo que se avecina es aún peor.

La eliminación total de barreras legales se acompaña de propuestas de desarrollo totalmente continuistas con el modelo que nos llevó de cabeza a la crisis económica y ecológica en la que estamos inmersos. Prueba de ello es la apuesta obstinada por el tren del Sur como medida para seguir malgastando fondos públicos y manteniendo contentos a los únicos que saldrán beneficiados de este derroche: los promotores que, pública y transpartentemente, anuncian que siempre financian las campañas electorales de estos tres grandes partidos.

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