Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han puesto fecha a una nueva “semana caliente” en el campo español (del 26 al 30 de enero), con un objetivo muy concreto (elevar el coste político del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur justo antes de su firma prevista el 17 de enero en Asunción). El punto de máxima presión llegará el 29 de enero, día en el que se esperan tractoradas y concentraciones generalizadas en todo el país, también en Madrid.
El mensaje de fondo es doble y busca conectar dos temores distintos en una sola pancarta. Por un lado, el sector denuncia “competencia desleal” por falta de reciprocidad (normas fitosanitarias, uso de materias activas prohibidas en la UE, exigencias ambientales y bienestar animal). Por otro, advierte de un recorte de ayudas si la próxima PAC llega con menos presupuesto, algo que las organizaciones cifran en torno a 900 millones de euros anuales para España a partir de 2027.
El calendario anunciado no llega en frío. En paralelo ya han reaparecido protestas en territorios concretos (como Castilla y León o la frontera de Irún) que funcionan como “termómetro” de lo que puede ocurrir a escala estatal cuando el 29 de enero se convierta en una cita sincronizada.
En el choque de relatos, Bruselas y los defensores del pacto subrayan la dimensión estratégica y económica del acuerdo (apertura de mercado y ahorro arancelario estimado en miles de millones al año para exportadores europeos). En cambio, las organizaciones agrarias ponen el foco en el reparto asimétrico de costes y beneficios y en que el impacto macro agregado sería modesto (ellas citan estimaciones de la propia Comisión sobre un aumento alrededor del 0,1% del PIB comunitario).
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A partir de aquí, la clave será si el Gobierno y la UE responden con medidas verificables en dos frentes (cláusulas de salvaguarda que se activen de forma rápida y automática si se hunden precios) y controles de reciprocidad (trazabilidad y cumplimiento real de estándares). Si esas garantías no se concretan, el 29 de enero puede ser menos una protesta “contra Mercosur” y más un plebiscito sobre si la transición regulatoria del campo se está financiando o simplemente se está ordenando.
