La Ley de Movilidad Sostenible constituye un hito normativo que pretende transformar el modo en que nos desplazamos, reconociendo la movilidad como un derecho social, esencial para la cohesión territorial, la equidad y el bienestar ciudadano.
Su alcance responde a varios desafíos actuales: la emergencia climática, la contaminación atmosférica, la congestión urbana y la necesidad de modernizar, digitalizar y hacer más inclusivo el sistema de transporte. Y en esas está el ejecutivo de Pedro Sanchez que ha vuelto a poner sobre la mesa la tramitación de la mesa. Enfrente, las dudas por parte de Podemos.
¿Se tramitará finalmente la Ley de Movilidad Sostenible?
El Gobierno ha decidido retomar la tramitación en el Congreso del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible -de cuya aprobación depende la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos-, a pesar de que no cuenta con los votos necesarios para su aprobación, ya que Podemos no le garantiza su apoyo.
Considerada una de las leyes más importantes de la legislatura para modernizar la movilidad en España y luchar contra el cambio climático, su tramitación quedó bloqueada antes del verano, cuando se desconvocó por sorpresa la comisión que iba a aprobarla. Podemos había dado poco antes la legislatura por «muerta» y había anunciado que no iba a negociar nada con el «gobierno de la guerra», en alusión al compromiso de España en la OTAN para elevar el gasto militar al 5 % del PIB, lo que dejó al Ejecutivo sin respaldo suficiente para sacarla.
Llevar la ley al primer pleno de octubre
Aunque el partido que lidera la exministra Ione Belarra sigue sin sentarse a negociar, fuentes de la Comisión de Transportes han dicho a EFE que la Mesa incluirá este martes la votación del dictamen de la ponencia en el orden del día de la siguiente sesión, que previsiblemente se celebrará el 23 de septiembre. Dado que Podemos no tiene representación en esta comisión, el dictamen saldría adelante con los votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y BNG, tras lo cual la votación decisiva sería la del pleno.
Según las fuentes, el planteamiento del Gobierno es que la ley vaya al primer pleno de octubre «y ya veremos por dónde sale Podemos», apuntan. Igual que ocurrió la semana pasada con la reducción de la jornada laboral, el Ejecutivo preferiría así arriesgarse a perder la votación para que los grupos parlamentarios queden retratados y transferirles la responsabilidad.
Desde Podemos declinan adelantar cuál será su posición, si la ley llega a votarse en el pleno, aunque, a su juicio, «no se dan las condiciones para aprobar la ley, porque no cumple con los mínimos que piden los colectivos ecologistas y porque tampoco blinda el transporte público gratuito, que fue una medida conseguida por Podemos en la anterior legislatura«.
Con la abstención de los populares bastaría para su aprobación
Los socialistas cuentan con el apoyo de su socio de Gobierno y del resto de partidos del llamado bloque de investidura, por lo que la presión recae sobre Podemos, pero también sobre el PP, cuya abstención bastaría para aprobar el nuevo marco legislativo.
Representantes del sector del transporte, como los operadores de autobús y empresas de transporte público, quieren que la ley se apruebe porque les urge la renovación de los contratos del nuevo mapa concesional, así como los de las comunidades autonónomas que están vencidos.
Además, el PP gobierna en once de la diecisiete comunidades y la ley facilita el acceso a fondos, incluidos los europeos Next Generation, para que las autonomías puedan desarrollar infraestructuras y servicios de movilidad sostenible, como puntos de recarga para vehículos eléctricos y mejora del transporte público.
El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible establece la implantación obligatoria de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en ciudades grandes y la obligación para empresas y entidades públicas con centros de trabajo que tengan más de 500 trabajadores de negociar planes de movilidad sostenible con medidas para racionalizar desplazamientos y fomentar medios de transporte sostenibles, movilidad activa y teletrabajo.
También prevé la creación de un Fondo Estatal para el Transporte Público, que garantice una inversión continua en infraestructuras y servicios, y contempla la posibilidad de que las ciudades establezcan peajes urbanos o restricciones para vehículos contaminantes. Durante la negociación en la fase de ponencia, el PSOE incorporó unas 140 enmiendas de las 749 presentadas por los grupos.
Una ley muy mejorable a juicio de Sumar
El ponente de Sumar, Alberto Ibáñez (Compromís), que lo suyo es «un sí crítico, porque es una ley muy mejorable, pero es un acuerdo de mínimos con el que se avanza». Este grupo ha logrado que la ley incluya una disposición para «impulsar la reducción de los vuelos que duren menos de 2,5 horas y tengan alternativa ferroviaria», una medida incluida en el acuerdo para formar un gobierno de coalición que firmaron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tras las pasadas elecciones generales.
El PSOE también ha aceptado otra enmienda de Sumar dirigida a recuperar los trenes nocturnos y ha eliminado las alusiones al gas natural liquado (GNL) entre los combustibles prioritarios para la transición en los puertos, que era una «línea roja» para los de Yolanda Díaz.
Por su parte, ERC ya anunció en junio su respaldo a cambio del plan urgente de mejora de la información en Rodalies (Cercanías) que pactó con el PSOE, mientras que el diputado de Junts Isidre Gavin ha confirmado esta semana, desde la tribuna de oradores del hemiciclo, su voto favorable, una vez corregido el carácter intervencionista y centralista que, en su opinión, impregnaba la primera versión del proyecto.
En el terreno temporal, se espera que la norma entre en vigor en este 2025, tras su aprobación parlamentaria. Sin embargo, como se ha visto, quedan por salvar ciertos escollos de los grupos. Además, esta normativa se ha vinculado a los fondos europeos Next Generation, lo que refuerza su importancia en la recuperación económica verde y en los compromisos internacionales de descarbonización. EFE / ECOticias.com
