Ante la propuesta de la Comisión Europea de aplazar la aplicación del Reglamento contra la deforestación, las principales organizaciones ecologistas han tachado de irresponsable esta decisión y les han acusado de poner por delante ciertos intereses espurios.
Con esta propuesta, la Comisión Europea da más importancia a los intereses de las empresas que a las personas que se verán afectadas por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. De aprobarse la propuesta de la Comisión Europea, se permitiría que la deforestación continúe durante 12 meses más, dando la espalda a 1.2 millones de personas que apoyaron poner fin a la deforestación provocada por el consumo europeo. Reitera la inacción ante la crisis socioambiental global, y el retroceso, liderado por el Partido Popular Europeo, en las legislaciones de protección ambiental.
Este retraso penaliza injustamente a aquellas empresas que ya han realizado importantes inversiones para cumplir con el EUDR al tiempo que recompensa a los que se han quedado atrás. Las únicas beneficiarias son las grandes empresas, desde los grandes traders de las materias primas hasta la industria forestal, pasando por los sectores del agronegocio (ganadería, soja, aceite de palma), fabricantes de agrocarburantes y gran distribución que llevan tiempo haciendo lobby en Bruselas para hacer descarrilar este Reglamento.
La lucha contra la deforestación no puede esperar más
Las organizaciones hacen un llamamiento al Parlamento Europeo y el Consejo de la UE para que rechacen este retraso y exijan la puesta en marcha en los plazos previstos (30 diciembre 2024) de este Reglamento para proteger a las personas, los ecosistemas, el clima y los derechos humanos.
La lucha contra la deforestación no puede esperar. El año pasado el mundo perdió una superficie forestal casi tan grande como Suiza; una destrucción que liberó aproximadamente la mitad de dióxido de carbono que Estados Unidos emitió por la quema de combustibles fósiles.
Utilizando los propios cálculos de la UE, este retraso supone la destrucción de 2.300 km² de bosque. Dicho de otro modo, por cada minuto que se retrase la aplicación de la ley, se arrasará una superficie forestal del tamaño de un campo de fútbol. Las emisiones resultantes equivalen a las de 18 millones de coches.
La propuesta de la Comisión Europea es irresponsable cuando, por ejemplo, el Pantanal brasileño (el mayor humedal tropical del mundo y uno de los santuarios de biodiversidad más importantes del planeta) se enfrenta a una temporada de incendios sin precedentes, al igual que los que sufren bosques de Paraguay, Bolivia y Argentina, causados deliberadamente por la agroindustria para producir pastos o cultivar soja, maíz, caña de azúcar o algodón.
Unos incendios masivos que provocan unas emisiones de carbono a la atmósfera que nos aleja, más si cabe, del objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5ºC. El calentamiento global, a su vez, es un factor de aceleración de los incendios en todo el planeta en una espiral destructiva dramática, que a la vez tiene efectos directos sobre la vida humana: reducción de las cosechas, aumento de la frecuencia de fenómenos climáticos extremos, desertificación, migraciones forzadas, etc.
Las organizaciones de la Alianza Cero Deforestación urgen a las autoridades europeas, y singularmente a la candidata a Vicepresidenta de la Comisión Teresa Ribera y a la Presidenta Von der Leyen, a descartar esta maniobra de dilación del reglamento EUDR, manteniendo la fecha de aplicación efectiva de la normativa y redoblando los esfuerzos tanto dentro de los países miembros como en colaboración con los países productores. La Comisión Europea debe demostrar su voluntad con una UE comprometida con la transición ecológica.
Las organizaciones integrantes de la Alianza Cero Deforestación son: Amigos de la Tierra, Carro de Combate, ClientEarth, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Ecologistas en Acción, Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Greenpeace, Justicia Alimentaria, Mighty Earth, SEO/BirdLife y WWF.
La deforestación que se genera en paises fuera de la Unión Europea hace que los productos que se consumen dentro de sus fronteras tengan un coste medioambiental demasiado alto, por eso es imperativo que el Reglamento contra la deforestación entre en vigencia en las fechas previstas.
