La UE ha iniciado un giro significativo en su política regulatoria al suavizar algunas de las normas de sostenibilidad y reducir ciertas obligaciones para las empresas. Esta decisión se enmarca en un contexto de desaceleración económica, tensiones geopolíticas y preocupación por la competitividad del tejido empresarial europeo frente a otras grandes economías.
El objetivo declarado por las instituciones comunitarias de la UE es aliviar la carga administrativa, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, sin renunciar por completo a los compromisos climáticos y sociales a largo plazo.
Las modificaciones afectan principalmente a los requisitos de información en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), así como a ciertos plazos y alcances de la cadena de suministro. En lugar de imponer obligaciones uniformes, la UE apuesta ahora por un enfoque más gradual y proporcional, limitando el número de empresas obligadas a reportar y flexibilizando algunos controles.
Normas de sostenibilidad en la UE: acuerdo para reducir las obligaciones empresariales
El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE alcanzaron esta noche un acuerdo provisional para suavizar los requisitos de sostenibilidad y diligencia debida a las empresas en la UE, reduciendo el impacto para las pymes, dentro del esfuerzo de simplificación legislativa emprendido por la Comisión Europea, informó la Eurocámara en un comunicado.
El objetivo declarado por las instituciones comunitarias es aliviar la carga administrativa, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, sin renunciar por completo a los compromisos climáticos y sociales a largo plazo.
Los negociadores de ambas instituciones pactaron simplificar las directivas de informes de sostenibilidad y de diligencia debida, creadas para reforzar la transparencia de las empresas y garantizar que identifiquen, prevengan y mitiguen los impactos sociales y medioambientales de sus actividades y cadenas de valor.
Las ONG habían criticado que la simplificación reduce la cobertura, la transparencia y el control, además de incrementar el riesgo para los derechos humanos y el medioambiente y añadían que modificar una legislación aprobada en la pasada legislatura genera incertidumbre e inseguridad jurídica con este giro de la UE.
El nuevo acuerdo prevé «que la información social y medioambiental sólo será obligatoria para las empresas de la UE que empleen de media a más de 1.000 personas y tengan una facturación anual neta superior a 450 millones de euros«, según el comunicado.
Previamente, esos requisitos se aplicaban a las firmas que superasen los 250 trabajadores. La Comisión propuso elevar el umbral a 1.000 empleados y el acuerdo final introduce además el límite de 450 millones de facturación.
Nuevos umbrales en la UE que dejan fuera a miles de empresas de la regulación
El umbral de facturación neta también se ha incrementado para las empresas no pertenecientes a la UE, que deberán generar al menos 450 millones de euros en el mercado único para estar sujetas a la obligación de informar sobre sostenibilidad.
El pacto prevé también que las empresas con menos de 1.000 empleados puedan negarse a proporcionar datos más allá de lo previsto en los estándares voluntarios.
«Hemos cumplido nuestra promesa de eliminar cargas y normas y de impulsar la competitividad de la UE. Este es un paso importante hacia nuestro objetivo común de crear un entorno empresarial más favorable que ayude a nuestras empresas a crecer e innovar», declaró la ministra de Asuntos Europeos de Dinamarca, Marie Bjerre, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
Sólo las empresas con más de 5.000 empleados y una facturación anual neta superior a 1.500 millones de euros «deberán llevar a cabo diligencia debida para minimizar sus impactos negativos sobre las personas y el planeta», señaló la Eurocámara.
Estas normas se aplicarán también a las compañías de fuera de la UE que superen el mismo umbral de facturación. Antes de la revisión, estaba previsto que la normativa se aplicase a empresas de 500 empleados con 150 millones de euros de facturación.
La UE elimina el marco común de responsabilidad civil corporativa
El acuerdo suprime además el régimen armonizado de responsabilidad civil previsto en la versión anterior de la directiva de diligencia debida, de modo que ya no habrá un marco común europeo para reclamar judicialmente a las empresas que incumplan sus obligaciones.
Cada Estado miembro aplicará su propia legislación nacional en caso de daños y desaparece también la obligación de garantizar que esas normas prevalezcan en litigios transfronterizos.
«Las compañías deberán adoptar un enfoque basado en el riesgo en su cadena de actividades y abstenerse de solicitar información innecesaria a compañías no incluidas en el ámbito de aplicación», agregó el Parlamento Europeo, en referencia a un acuerdo que elimina la obligación de cartografiar exhaustivamente toda la cadena de valor y permite concentrar los esfuerzos donde sea más probable la existencia de impactos adversos.
Menos exigencias climáticas con la supresión de planes de transición
El acuerdo suprime el marco europeo armonizado de responsabilidad civil previsto en la versión anterior de la directiva, de modo que las compañías solo podrán ser perseguidas por incumplimientos en virtud de la legislación nacional de cada Estado miembro.
El acuerdo suprime además el régimen armonizado de responsabilidad civil previsto en la versión anterior de la directiva de diligencia debida, de modo que ya no habrá un marco común europeo para reclamar judicialmente a las empresas que incumplan sus obligaciones.
En caso de infracción, podrán enfrentarse a multas de hasta el 3 % de su facturación neta mundial.
Exime además a las empresas de la obligación de elaborar planes de transición climática para reducir cargas administrativas y se introduce asimismo «una cláusula de revisión sobre la necesidad de un régimen armonizado», precisó el Consejo.
El acuerdo también «aplaza un año más la fecha límite de transposición de la directiva de diligencia debida en sostenibilidad, hasta el 26 de julio de 2028, de forma que las empresas deberán cumplir las nuevas medidas antes de julio de 2029″.
«Estamos haciendo que las normas de sostenibilidad sean más fáciles de cumplir, ofreciendo reducciones de costes históricas para las empresas y, aun así, cumpliendo con los ciudadanos europeos», resumió el negociador jefe del expediente en la Eurocámara, el popular sueco Jörgen Warborn.
Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de la UE tendrán ahora que confirmar el acuerdo político para que sea efectivo.
En este escenario, el reto para la UE será encontrar un equilibrio real entre sostenibilidad y competitividad. La flexibilización normativa no debería traducirse en una renuncia a los objetivos climáticos y sociales, sino en una aplicación más eficaz y coherente.
Mantener la credibilidad europea dependerá de que este ajuste regulatorio siga impulsando una transición justa y sostenible, sin sacrificar el compromiso ambiental que la UE ha defendido en los últimos años. Seguir leyendo en EFE/ ECOticias.com
