El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abre consulta pública previa para diseñar la integración de criterios socioambientales, ajenos al precio, en las subastas. Más de 60 representantes de organizaciones ecologistas y agrarias, promotoras, territorios, industria y sociedad civil han compartido su visión sobre cómo mejorar el despliegue de las energías renovables. Se ha creado un grupo de trabajo que elaborará un resumen ejecutivo de las aportaciones públicas durante las sesiones.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha clausurado las ‘Jornadas de escucha y participación: energías renovables y territorio’ organizadas por el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con el compromiso de seguir mejorando la integración ordenada de las energías renovables, de forma que sus beneficios reviertan especialmente en los territorios que las acojan.
“Hemos abierto una consulta previa para tener, de todos vosotros, la reflexión sobre cómo se puede hacer realidad algo que aprobamos en el RDL 8/2023 de diciembre: incluir hasta el 30% de la valoración de los componentes que se tienen en cuenta a la hora de adjudicar las subastas de renovables a criterios socioeconómicos y ambientales de los proyectos, ajenos a la referencia de precio, que hasta ahora ha ido orientando los procesos de toma de decisión en el ámbito de la energía” ha anunciado la vicepresidenta en la última de las sesiones en las que han participado más de 60 representantes de asociaciones ecologistas, organizaciones agrarias, promotoras, territorios, industria y sociedad civil.
Mejoras para la integración de las energías renovables
Establecer estructuras de gobernanza y participación que promuevan un reparto justo de los beneficios de las energías renovables, maximizar la protección de la biodiversidad con sistemas de evaluación garantistas y agilizar la tramitación administrativa de los proyectos que cumplan con estos estándares son algunas de las reclamaciones que mayor consenso han suscitado entre los participantes. Para ello, este mismo viernes se ha lanzado a audiencia pública previa la consulta sobre la modificación del Régimen Económico de Energías Renovables (REER), con el objetivo de alcanzar el mejor diseño posible para las nuevas subastas de energías renovables, en las que hasta un 30% de los criterios serán relativos a cuestiones de sostenibilidad ambiental, resiliencia y desarrollo socioeconómico local, y no al precio como ha venido siendo habitual.
En paralelo, hasta el próximo 20 de abril, los agentes interesados podrán seguir enviando sus propuestas a las ‘Jornadas de escucha’ a través del canal online. Con todas las aportaciones recibidas, un grupo de trabajo interno creado ad hoc, elaborará una memoria que se remitirá a los participantes.
Además, los equipos del ministerio han empezado a trabajar en diversas guías metodológicas “para la evaluación de proyectos terrestres, la evaluación de conservación de flora y fauna en los proyectos marinos y seguir mejorando cuando hablamos de zonificación, que es un criterio orientativo de cautela para que las cosas se hagan bien” ha explicado Ribera. “Algunos colegas de otros Estados Miembro consideran que el despliegue de las energías renovables debe contar con una prelación en la orientación de los criterios generales. Yo creo que hay que ponderar bien las cosas y que la zonificación orienta a los promotores” ha explicado.
El camino que ya estamos transitando en el despliegue de las energías renovables
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija como objetivo a 2030 la instalación de 160 GW de generación renovable y elevar su peso en la producción eléctrica hasta el 81%. Dado que las energías renovables son también más baratas, el cumplimiento de estas metas juega un papel crucial en la reducción de las facturas de los hogares y la reindustrialización del tejido productivo. Pero para que se materialice, es necesario que los territorios que acogen estas infraestructuras se beneficien también de las oportunidades que generan.
La transformación de las antiguas comarcas mineras, liderada por el Instituto para la Transición Justa (ITJ) –dependiente de MITECO–, demuestra que tanto el sector público como el privado cuentan con el conocimiento necesario para seguir impulsando una transición energética justa social y medioambientalmente. Muestra de ello es que el PNIEC integra plenamente la Estrategia de Transición Justa.
Los distintos procesos de escucha previos al diseño de convocatorias de ayudas o la elaboración de Hojas de Ruta y la introducción de criterios cualitativos no económicos en la concesión de subvenciones, así como los concursos de acceso a la demanda, son algunas de las actuaciones que el MITECO ha puesto en marcha en este sentido y que estas jornadas contribuirán a mejorar.
