Aunque Greenpeace no se opone frontalmente a la desalación, sí que ha planteado unas exigencias para su implantación. Las desaladoras no pueden servir en ningún caso para fomentar y/o consolidar políticas urbanísticas con crecimientos incontrolados y dar por bueno un modelo insostenible de desarrollo, que llevaría aparejada una brutal destrucción de los recursos naturales de la costa. Por ello, la desalación habría de ser la última de las opciones a adoptar entre todas las actuaciones posibles.
La situación de cada desaladora tiene que cumplir lo estipulado en la Ley de Costas, respecto al dominio público marítimo-terrestre. Por ello, sería necesario estudiar la ubicación de cada planta desaladora, caso por caso.
La presencia de praderas de fanerógama Posidonia oceanica debe ser tenida en cuenta como factor limitante, imposibilitando la existencia de un emisario para la salmuera o rechazo de la planta, en el área, ya que esta planta marina es extremadamente sensible a los cambios de salinidad del medio.
Toda la demanda energética resultante de la desalación ha de ser suministrada mediante energías renovables (solar, eólica, otras). Por ello, es necesario replantear seriamente nuestra política hídrica y no esperar a que la próxima sequía nos haga tomar decisiones de las que seguramente tendremos que arrepentirnos.
Julio Barea, campaña de Contaminación de Greenpeace
