Indemnizaciones de las renovables: solo para los extranjeros. Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica es una organización que representa a 65.000 familias productoras de energía solar fotovoltaica en España. Reclama a los candidatos a ser Presidente del Gobierno que no obvien la situación de recortes retroactivos sin compensación que soporta este colectivo.
En un contexto en el que, semana tras semana, se conoce alguna novedad sobre los pleitos que los inversores foráneos interpusieron en las instancias internacionales. Y que abocan al Estado español a indemnizarles el daño causado por dichos recortes.
Tanto los grandes inversores internacionales, como las decenas de miles de familias españolas, están unidos a unas inversiones en energías renovables que fueron pedidas en el año 2007 por el Estado español.
Con la finalidad de alcanzar el objetivo europeo de renovables para España, madurar la tecnología fotovoltaica, crear un tejido empresarial en este sector y abaratar los costes energéticos. Todos estos objetivos se alcanzaron con éxito, pero el Estado decidió cercenar los ingresos de estas instalaciones.
Justicia: solo para los de afuera
La suerte de los inversores nacionales y los internacionales se separa en el momento de reclamar las lógicas compensaciones por los daños causados por los recortes. La justicia española consideró que estos cambios deberían de haber sido previstos por estas familias. A pesar de que en las campañas y en los detallados materiales que difundió la Administración del Estado para captar las inversiones de estas familias jamás se contemplaba un escenario de cambio de condiciones.
Por su parte, los inversores internacionales, previendo escenarios tan inverosímiles como los que, efectivamente, vivieron las familias españolas, no acudieron a los tribunales españoles. Si no que -facultados por las normas de competencia de la Carta de la Energía- pidieron justicia en el CIADI.
Este es el órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial, donde se van conociendo unos laudos que otorgan la razón a los demandantes. Y que imponen al Reino de España la obligación de compensar el daño causado a estos inversores.
España: segundo país más moroso del mundo
Medios de comunicación informaron recientemente que los servicios jurídicos de varias de las empresas extranjeras que han ganado laudos al Estado español por el recorte a las renovables en 2013 han mantenido conversaciones con el Ministerio de Asuntos Económicos.
Y que este se habría mostrado receptivo a las reclamaciones de los afectados. Anpier denuncia que no encuentra la misma receptividad hacia los nacionales, los ciudadanos españoles, que sufren los mismos recortes y que están siendo condenados al ostracismo.
Los acreedores ya han elaborado una lista de bienes del Estado español embargables, entre los que figuran los aviones Falcon, la indemnización del Prestige o las cuentas del Instituto Cervantes.
España ya ha entrado en la lista de países más morosos del mundo, situándose en el segundo lugar, tras Venezuela. Y que podría colocarse en el primer puesto una vez vayan conociéndose los laudos que están pendientes de resolución, considerando que son 51 los demandantes. Indemnizaciones de las renovables: solo para los extranjeros.
EEUU exige que les paguen
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha destinado cerca de 100 millones de euros en concepto de gastos legales asociados a los distintos procedimientos. Y el Tesoro ha contratado a un bufete de abogados internacional para enfrentar la petición de un fondo de EEUU de invocar una cláusula de impago en varios bonos soberanos por el recorte a las energías renovables.
La Cámara de Comercio de EEUU exige al Gobierno español que pague los 300 millones de un laudo por las renovables a una empresa norteamericana; multinacionales de gran prestigio y Estados con los que tradicionalmente España ha tenido unas relaciones comerciales impecables se han dirigido a nuestro Gobierno para afearles esta grave situación, impropia de un Estado, como el español, integrado en la Unión Europea y con una trayectoria de seguridad jurídica nunca cuestionada hasta ahora.
¿Y a los españoles quién les paga?
Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de Anpier, “exige que el Gobierno que resulte elegido tras las próximas elecciones se apresure a sentar en una mesa de negociación a los dañados, nacionales e internacionales, para restaurar la situación de injusticia.
Y para ello es preciso, en primer lugar, reconocer los errores que se han cometido, porque esta situación daña la credibilidad del Estado español frente a sus compromisos internacionales. Y pone en cuestión su obligación de velar por sus propios nacionales, especialmente cuando se trata de miles de familias con recursos económicos limitados, que entraron en este sector de buena fe y llamados por el propio Estado”. Indemnizaciones de las renovables: solo para los extranjeros.
