La demanda climática en Países Bajos presentada por Greenpeace y residentes del Caribe neerlandés llega este miércoles a un momento clave. La Justicia debe decidir si el Estado ha fallado en su obligación de proteger a la población de Bonaire frente a los impactos del cambio climático y si debe adelantar a 2040 su objetivo de neutralidad climática.
Una demanda climática en Países Bajos con alcance histórico
Un tribunal de La Haya debe pronunciarse sobre si el Estado neerlandés vulnera derechos humanos al no proteger a Bonaire frente al cambio climático.
Greenpeace argumenta que, a pesar de su estatus administrativo, los residentes de Bonaire reciben una protección climática más débil que la de los Países Bajos. A pesar de que la isla enfrenta graves riesgos por el aumento del nivel del mar y las olas de calor. Además de padecer fuertes lluvias y la degradación de sus arrecifes de coral.
La organización exige que se realice un plan de adaptación específico para Bonaire. Y que el mismo que incluya defensas costeras, gestión del agua y restauración del ecosistema. Unas medidas que son comparables a las aplicadas en el continente europeo.
La Justicia neerlandesa se pronunciará este miércoles sobre una demanda climática presentada por Greenpeace y por habitantes del Caribe neerlandés contra el Estado de Países Bajos. Les acusan de no proteger a su población en los territorios en ultramar frente a los impactos del cambio climático. Además de retrasar una reducción de emisiones.
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Bonaire, en primera línea del cambio climático
El caso, examinado por el tribunal de distrito de La Haya, plantea dos puntos principales. La obligación del Estado de garantizar una protección efectiva de los derechos humanos frente a los efectos del calentamiento global en Bonaire – municipio especial de Países Bajos desde 2010-. Y la exigencia de que el país lleve sus emisiones netas de CO2 a cero antes de 2040, una década antes del objetivo oficial fijado para 2050.
Greenpeace sostiene que, pese a su estatus administrativo, los habitantes de Bonaire no reciben el mismo nivel de protección climática que la población del territorio europeo de Países Bajos. A pesar de que la isla es especialmente vulnerable a la subida del nivel del mar, el calor extremo, las lluvias intensas y el deterioro acelerado de los arrecifes de coral.
Emisiones netas cero antes de 2040
La organización reclama un plan específico de adaptación para la isla y medidas de protección comparables a las aplicadas en el continente, como infraestructuras costeras, gestión del agua y restauración de ecosistemas naturales.
“Sería una victoria histórica si el tribunal obliga al Estado a adoptar medidas concretas que protejan a las personas frente al clima extremo y otras consecuencias de la crisis climática”.
Esto lo señaló la directora de Greenpeace Países Bajos, Marieke Vellekoop, en referencia al primer caso en Europa en el que un juez puede dictaminar que un país debe desarrollar una política de adaptación que proteja a la población frente al cambio climático.
Durante las audiencias, el impacto del cambio climático sobre los arrecifes de coral ocupó un lugar central. Estudios científicos recientes alertan de que muchos arrecifes del Caribe ya no logran crecer al ritmo de la subida del nivel del mar debido al calentamiento de las aguas, la contaminación y las enfermedades. Y alertan de que esto reduce su capacidad para amortiguar el oleaje y eleva el riesgo de inundaciones.
En Bonaire el coral ha sido históricamente más resistente. Pero episodios de blanqueamiento y enfermedades en 2023 y 2024 han provocado pérdidas locales de hasta un 30 %, según expertos citados en el proceso.
Además de su valor ecológico, los arrecifes son clave para la economía local, muy dependiente del turismo de buceo, y para la protección natural de la costa. Su degradación aumenta la exposición de las zonas bajas de la isla a temporales y erosión, con posibles daños al patrimonio cultural y a las infraestructuras.
Derechos humanos frente a la crisis climática
Greenpeace argumenta que la falta de una protección adecuada vulnera derechos fundamentales recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Una interpretación respaldada, según la organización, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo neerlandés.
Existen sentencias recientes de altas instancias como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la obligación de los Estados de proteger a la población frente a riesgos climáticos previsibles.
El Gobierno neerlandés, por su parte, subraya que dispone de una estrategia nacional de adaptación al cambio climático. Y ha anunciado pasos recientes para el Caribe, como la inclusión de Bonaire en la Estrategia Nacional de Adaptación Climática y la creación de una “mesa climática” específica para la isla.
Greenpeace respondió que estas medidas son tardías e insuficientes. Y que se produjeron solo bajo la presión de la demanda judicial. Sin medidas, hasta una quinta parte de la isla podría quedar bajo el agua a finales de este siglo.
El caso se enmarca en la batalla climática contra el Estado neerlandés, que comenzó con la histórica sentencia lograda en 2019 por el grupo activista climático Urgenda. La misma obligó al Estado a reducir sus emisiones para finales de 2020 en un 25 % respecto a 1990.
Además, en julio del año pasado, la CIJ, tribunal de la ONU, concluyó, en una opinión legal histórica, que los tratados climáticos establecen “obligaciones vinculantes” para “adoptar medidas” contra el cambio climático. Y “garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos”, y lo contrario sería un “acto ilícito” que podría dar lugar a una “reparación”.
Demanda climática en Países Bajos: un posible precedente judicial en Europa
El fallo podría sentar un precedente al abordar de forma directa la obligación estatal de proteger activamente a la población frente a los efectos del cambio climático, más allá de reducir emisiones de CO2. “No debería importar dónde hayas nacido: todo el mundo tiene derecho a protección frente a inundaciones, tormentas y calor extremo”, añadió Vellekoop.
Los impactos del clima en los arrecifes de coral han sido un tema destacado. Ya que estudios científicos advierten que los arrecifes del Caribe no están logrando adaptarse al ritmo del aumento del nivel del mar. Y que esta situación aumenta el riesgo de inundaciones. Recientes episodios de blanqueamiento y enfermedades causaron importantes pérdidas de coral local.
Greenpeace sostiene que la protección insuficiente viola las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos. Mientras que el gobierno neerlandés cita las estrategias existentes. Los activistas insisten en que las medidas actuales son tardías e insuficientes, advirtiendo que grandes áreas podrían quedar sumergidas este siglo. Seguir leyendo en CAMBIO CLIMÁTICO
