El Consejo y el Parlamento europeos han acordado ampliar hasta 2030 los derechos de emisión gratuitos con el fin de proteger la competitividad de las industrias, lo que se traduce en menos costes al emitir y más presión sobre la credibilidad climática de la UE.
Emitir gratuitamente tiene un precio y un coste ambiental
Los derechos de emisión gratuitos vuelven a enfrentar la política climática europea con las exigencias de la industria. El Consejo y el Parlamento han pactado para 2026–2030 un colchón de aproximadamente 121 millones de derechos, que está pendiente de aprobación formal.
La justificación institucional es proteger la producción europea frente a competidores sujetos a reglas ambientales menos estrictas. La consecuencia económica es igualmente clara: las instalaciones beneficiarias necesitarán comprar menos derechos de los que adquirirían sin esta ampliación.
El acuerdo merece un examen que puede resultar incómodo: cómo se reparte ese alivio, qué ocurre con los derechos retenidos por incumplimientos y qué garantías permiten distinguir la protección industrial de una nueva rebaja del coste de contaminar.
Más derechos de emisión gratuitos: pero, ¿quién paga la protección industrial?
El pacto afecta a las instalaciones cuya asignación se calcula mediante los parámetros de referencia del calor y el combustible. Estos criterios se emplean cuando no corresponde aplicar un parámetro específico de producto.
La posibilidad de que se produzca una fuga de carbono tiene una lógica ambiental innegable: trasladar las fábricas a países con normas más débiles puede desplazar las emisiones del continente, pero no las elimina. Por esta razón, es importante que se demuestren cuáles son los riesgos concretos y evitar que la protección se convierta en una concesión permanente.
Cada derecho recibido gratis reduce la necesidad de comprarlo, aunque la instalación mantiene sus obligaciones dentro del sistema. La controversia está en cuánto debe aliviarse ese coste y qué resultados verificables de descarbonización acompañan al beneficio.
La propuesta inicial de los derechos de emisión gratuitos contemplaba unos 88 millones de derechos que estaban disponibles para asignación gratuita. Los negociadores añadieron otros 28 millones que hasta ahora no se habían asignado porque determinadas instalaciones no cumplían con las condiciones relativas a las auditorías energéticas o a los planes de neutralidad climática.
Proteger fábricas exige algo más que abaratar el CO2
El acuerdo reserva además 5 millones de derechos para sectores especialmente expuestos a la fuga de carbono. Los que no se utilicen bajo esta medida se destinarán al Fondo de Modernización y al Fondo de Innovación.
Ese destino plantea una elección relevante: aliviar costes actuales o financiar inversiones que reduzcan emisiones futuras. El respaldo industrial debe evaluarse también por su capacidad para acelerar eficiencia, electrificación y sustitución de combustibles fósiles.
Los derechos de emisión gratuitos no son una prueba de descarbonización. El Consejo y el Parlamento todavía deben refrendar y adoptar el texto; su responsabilidad será justificar el reparto y exigir resultados, además de ofrecer certidumbre a las empresas.
¿Cuál es la dimensión económica de la medida?
La dimensión económica de los derechos de emisión gratuitos desarma cualquier intento de presentar el ajuste como un trámite menor: según las estimaciones de la Comisión recogidas por el Consejo, los aproximadamente 88 millones de derechos de la propuesta inicial suponían un ahorro industrial de 6.000 millones de euros. Esa estimación no corresponde al paquete completo de 121 millones. Una concesión de semejante magnitud exige una rendición de cuentas ambiental a su altura.
