La batería de aranceles anunciados por Donald Trump, que entrarán plenamente en vigor a partir de este miércoles, amenaza con mutilar la mayor relación comercial de la economía mundial, la existente entre la Unión Europea y Estados Unidos.
A la espera de que Bruselas concrete sus contramedidas, las distintas tasas impuestas desde Washington afectarán a dos tercios de las exportaciones comunitarias de bienes hacia territorio estadounidense, con un valor conjunto de unos 370.000 millones de euros.
Dos sectores, la automoción y el acero, se verán sujetos a aranceles específicos del 25% como cualquier otro productor del mundo. El resto sufrirá el arancel general del 20% que Trump ha decidido imponer a todos los productos de la Unión Europea, dentro de lo que ha denominado «aranceles recíprocos», pese a que su cálculo no tiene en cuenta las barreras arancelarias contrarias, tan solo el déficit comercial que EE.UU. mantiene con ese socio comercial.
En este caso, se trata de castigar al principal de todos ellos, dado que la UE, en conjunto, es el principal destino de las exportaciones estadounidenses y viceversa, Estados Unidos es el principal cliente de las ventas europeas.
Una dependencia ‘insana’ de Trump y los EEUU
Ante la reciente aplicación de un arancel del 20 % por parte del Gobierno de EE. UU. a las importaciones procedentes de la UE, Ecologistas en Acción ha publicado un comunicado donde señala la dependencia y vulnerabilidad del sistema agroalimentario español en el contexto de libre mercado actual.
La organización ecologista denuncia también cómo la producción intensiva ha buscado abastecer los mercados internacionales, sacrificando la soberanía económica y alimentaria, así como la salud del medio ambiente. En lugar de iniciar una guerra comercial, la respuesta a esta situación debe ser la apuesta clara por la soberanía alimentaria y la agroecología.
A continuación, se reproduce el manifiesto completo:
“La reciente imposición de un arancel del 20 % por parte del Gobierno de Estados Unidos a las importaciones procedentes de la Unión Europea, que afectará a productos agrícolas clave, y que tendrá seguramente un impacto más acusado en los pequeños productores, pone de manifiesto la dependencia y vulnerabilidad que el sistema agroalimentario español arrastra en su actual deriva por el libre mercado y la intensificación.
Esta tendencia ha convertido a muchas regiones europeas y españolas en plataformas de producción intensiva para abastecer los mercados internacionales, sacrificando en muchas ocasiones las condiciones medioambientales y laborales y la soberanía alimentaria.
Ejemplos de ello son la proliferación de macrogranjas o la ampliación de regadíos intensivos en cultivos de exportación, mientras se mantiene un déficit de productos de secano fundamentales para la seguridad alimentaria, como las legumbres.
Muchos territorios quedan ahora sometidos a los vaivenes de la política comercial global, en un escenario que favorece la concentración de tierras y capital. Y son los grandes actores económicos, como los grandes fondos de inversión, y no la pequeña agricultura familiar, quienes mejor pueden aguantar en el largo plazo en este sistema del “sálvese quien pueda”.
Menos vulnerabilidad y más agroecología
Esta vulnerabilidad se expresa no solo en los mercados externos sino también en la dependencia de insumos industriales, como fertilizantes, pesticidas y piensos importados, para sostener un modelo intensivo que genera, a su vez, enormes impactos medioambientales, como es el caso de la contaminación por nitratos del agua.
Recordemos la subida de los precios de los fertilizantes en los últimos años por diferentes coyunturas internacionales —la última, precisamente, con la subida de aranceles por parte de la UE a estos productos provenientes de Rusia y Bielorrusia en marzo de 2025— y la manera en que ha impactado tanto en los costes de producción como en los precios finales a las personas consumidoras.
Así pues, la ONG entiende que el debate no debe ir orientado a cómo recuperar un marco internacional de libre comercio ni a iniciar una guerra comercial que enlaza, en su retórica, con el giro belicista de los últimos tiempos, sino que debería profundizar en la reflexión sobre las diferentes dimensiones de vulnerabilidad que implica el actual modelo agroalimentario.
Es el momento de reforzar una transición agroecológica que elimine progresivamente la dependencia de insumos como los fertilizantes químicos. También de impulsar una relocalización de la producción agrícola en clave de soberanía alimentaria, que implique no solo diversificación del abastecimiento local, sino precios justos para productores y consumidores, así como derechos laborales para los/as trabajadores/as agrícolas.
La partida económica anunciada por el Gobierno de España para compensar los impactos de los aranceles estadounidenses debería ir al menos en parte dirigida a estos objetivos, con ayudas directas a pequeños agricultores y proyectos de cultivo local resiliente.
Frente a la volatilidad del mercado global, la solución está en nuestras manos: un sistema agroalimentario justo, local y agroecológico. Es hora de actuar”.
