Las organizaciones consideran que «la complejidad del asunto, junto con la falta de voluntad política, han hecho que el fenómeno de las migraciones climáticas no haya recibido la atención que requiere».
Aunque no existe una definición de los migrantes climáticos ni cifras exactas de cuántas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de los efectos del cambio climático, lo cierto es que es un fenómeno que «ya ha empezado a llamar a nuestras puertas» y que hay que abordar cuanto antes.
Eso es al menos lo que sostienen las ONG Entreculturas, Ayuda en Acción y Ecodes, que integran la Plataforma de Desplazamiento y Migraciones Climáticas (PDMC) y han presentado este martes en Madrid un informe en el que dejan claro que los desplazamientos y las migraciones climáticas son «un reto que debemos afrontar».
Las organizaciones consideran que «la complejidad del asunto, junto con la falta de voluntad política, han hecho que el fenómeno de las migraciones climáticas no haya recibido la atención que requiere», y ello pese a que millones de personas se ven obligadas a desplazarse por «la degradación ambiental».
Uno de los factores que contribuye a ello, sostienen, es que por el momento no existe una definición de lo que sería un migrante climático. En este sentido, en su informe proponen definirlo como «aquellas personas que son expulsadas de su entorno como consecuencia del cambio climático en contextos vulnerables y en conjunción con otras causas que hacen muy difícil o imposible en sus zonas de residencia la viabilidad de la subsistencia de la vida».
Según las organizaciones de la plataforma, las migraciones climáticas comparten una serie de características, como son el hecho de que se trata de «movimientos involuntarios», en los que prevalece «la tendencia rural-urbano» y que en la mayoría de los casos, aunque no de forma exclusiva, se produce dentro de los propios países. El fenómeno se produce con «mayor gravedad y altos niveles de vulnerabilidad» en los países del sur y normalmente, a los factores ambientales también se suman los políticos, económicos y demográficos. «Las mujeres, personas mayores, enfermas, niñas y niños y las comunidades indígenas son especialmente vulnerables», resaltan.
Migraciones por desastres y sequía
En este sentido, subrayan que según los datos del informe elaborado por el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC), en 2017 18,8 millones de personas se vieron desplazadas por los desastres. Esta cifra incluye a 1,3 millones de desplazados por la sequía. Aunque los datos contemplados por el IDMC no hacen referencia a quienes han buscado refugio en otros países huyendo de los efectos del cambio climático, «al menos indican de manera objetiva la magnitud que pueden alcanzar las migraciones climáticas«.
Por ello, apuestan por que se trabaje para consensuar una metodología que permita unificar los datos estadísticos, aunque dejan claro que «la falta de datos concretos no debe ser un impedimento para el desarrollo de políticas u otras medidas». Entre las recomendaciones que Ayuda en Acción, Entreculturas y Ecodes formulan en su estudio figura el que se supere el «vacío jurídico» al que se enfrentan los migrantes climáticos, en especial a nivel internacional, aunque defienden que «el marco jurídico internacional de los Derechos Humanos debe servir como garantía de los derechos fundamentales de quienes migran en el contexto de cambio climático«.
Estados y empresas deben actuar
Por otra parte, inciden en que puesto que los países ricos del norte son «los principales responsables del cambio climático», España entre ellos, «tienen la obligación de asumir compromisos más serios y rigurosos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, así como centrar sus esfuerzos en reducir otras formas de degradación ambiental». Algunas grandes empresas también son «responsables de una gran proporción de las emisiones históricas y presentes de gases de efecto invernadero», por lo que, reclaman, en especial las del sector de la energía, «deben asumir su responsabilidad en el calentamiento global e implementar formas de producción más limpias».
Igualmente, desde la plataforma defienden que los estados deben dedicar «los recursos necesarios para garantizar el pleno disfrute de los Derechos Humanos» de las personas que se han visto desplazadas dentro de su territorio y en el caso de los países del norte también deberían «aumentar la cooperación internacional y la solidaridad entre los estados, promoviendo proyectos que minimicen los efectos adversos de las migraciones climáticas«.
Por último, hacen un llamamiento a los ciudadanos en general para que se interesen por este reto y para que presionen a los gobiernos y demás administraciones para que «tomen las medidas necesarias». Igualmente, remachan, «si adoptamos estilos de vida y modelos de consumo más responsables, que nos permiten conectar con la demás personas y con la naturaleza, reduciremos nuestra huella climática y sus nefastas consecuencias».
