Naciones Unidas a instancias de Vanuatu y otros 130 países gravemente afectados por el cambio climático pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que emitiera un dictámen consultivo sobre las obligaciones de los países en genral, en materia de prevención de las crisis climáticas y las consecuencias para los Estados contaminantes.
Según los expertos, se trata de la decisión más importante tras una serie de causas recientes, sequías, DANAS, hambruna, incendios, sobre el cambio climático en derecho internacional, con importantes repercusiones potenciales para Estados y empresas de todo el mundo.
Naciones Unidas: opinión jurídica frente al cambio climático
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) pronunciará este miércoles una opinión consultiva histórica sobre las obligaciones jurídicas de los Estados para hacer frente al cambio climático y las consecuencias legales de su inacción, una decisión clave que podría reforzar las políticas públicas y la lucha legal contra la crisis climática.
La opinión jurídica, que se anunciará en La Haya a partir de las 15.00 hora local (13.00 GMT), fue solicitada por la Asamblea General de la ONU en marzo de 2023, a propuesta de Vanuatu, uno de los países más pequeños del mundo y más afectados por el cambio climático. La petición fue impulsada especialmente por países del Pacífico y del Sur Global, con un respaldo total de más de 130 países.
En una declaración de cara a mañana, el primer ministro de Vanuatu, Jotham Napat, señaló que espera “con gran expectativa la histórica opinión del tribunal más alto del mundo sobre el mayor desafío existencial que enfrenta nuestro planeta: la crisis climática” y la consideró “no sólo un hito jurídico, sino un momento definitorio para el movimiento global por la justicia climática y una luz de esperanza para las generaciones presentes y futuras”.
Obligaciones que tendrían los Estados
La resolución adoptada por la Asamblea pidió contestar a una serie de preguntas basándose en documentos como la Carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Acuerdo de París, y los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“¿Cuáles son las obligaciones de los Estados, en virtud del derecho internacional, para garantizar la protección del sistema climático y otras partes del medio ambiente frente a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, en beneficio de los Estados y de las generaciones presentes y futuras?”, cuestionó la Asamblea. Además, preguntó sobre “las consecuencias legales” para los Estados que no cumplen con esas obligaciones.
Uno de los temas legales clave que se espera que aclare la CIJ es la relación entre cambio climático y derechos humanos, como el derecho a la vida, salud, alimentación o vivienda, así como la responsabilidad histórica de los grandes emisores de gases de efecto invernadero. El pasado diciembre, durante una semana de audiencias, un centenar de países y organizaciones internacionales han presentado argumentos ante la Corte.
Los países industrializados argumentaron en general que la CIJ debería basar sus conclusiones en los tratados climáticos ya existentes: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, de los que no se concluyen obligaciones legalmente vinculantes.
Frente a esto, los países más en desarrollo y los pequeños Estados insulares advirtieron de que estos convenios “han fallado” y por eso se ha recurrido a la CIJ, y han alertado de la amenaza existencial que supone para sus pueblos el calentamiento global, y exigieron a los países ricos más esfuerzos en la lucha climática y la adaptación a sus efectos.
Sobre los derechos humanos
Estados Unidos rechazó la presión legal exigida, considerando la crisis climática “un problema de acción colectiva”. China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero, insistió en que los países desarrollados deben “emprender reducciones cuantiosas de emisiones” y señaló que sus “necesidades prioritarias legítimas” son la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.
España subrayó que la emergencia climática es un “poderoso multiplicador de amenazas” a nivel global, instando a la CIJ a emitir “una respuesta basada en un enfoque de derechos humanos”, mientras que la UE pidió “cautela” a la hora de opinar sobre las obligaciones de los Estados “sin llegar a determinar de manera concreta” si han violado dichas obligaciones.
Aunque la opinión de la CIJ no es vinculante, sí tiene un peso político y jurídico importante, puesto que puede servir de base legal para futuras demandas contra Estados; para presionar a los países más contaminantes a rendir cuentas y tomar medidas más ambiciosas; y reforzar las exigencias de financiación climática y reparaciones por pérdidas y daños.
Además, la decisión también puede ser usada en negociaciones climáticas internacionales como las Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) o tratados futuros. La expectativa de países como Vanuatu es que la Corte establezca que el cambio climático no es solo un problema ambiental o político, sino un tema legal de derechos humanos, justicia intergeneracional y equidad global.
“Tengo esperanza en que la CIJ emita una opinión firme. Podría marcar un camino significativo hacia la responsabilidad y la acción”, instó Napat, recordando que “el mar sube a nuestro alrededor, las tormentas se intensifican y el costo de la inacción aumenta día tras día”.
En definitiva, los activistas y los países más vulnerables esperan que el dictámen tenga importantes consecuencias jurídicas, entre ellas, que unifique la legislación existente, dé forma a las legislaciones nacionales e internacionales e influencie los casos judiciales en curso. EFE / ECOticias.com
