Acuerdo de París. La ratificación del Acuerdo de París, en vigor y que han ratificado ya 97 países, es la primera medida que debe impulsar la ministra. El recorte de emisiones de gases de efecto invernadero es un reto ineludible.
El nombramiento de los miembros del nuevo Gobierno ha puesto de manifiesto que el medio ambiente no es una prioridad. La continuidad de Isabel García Tejerina como ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente supone, previsiblemente, la continuidad de las mismas políticas emprendidas hasta el momento. Medidas tan contrarias a la protección de la naturaleza como las reformas de la Ley de Costas y la de Montes llevadas a cabo en la legislatura pasada, hacen presagiar que la ministra Tejerina continúe por la misma senda de desprotección emprendida.
Medidas que no pueden esperar
Acuerdo de París. La ratificación del Acuerdo de París, en vigor y que han ratificado ya 97 países, es la primera medida que debe impulsar la ministra. El recorte de emisiones de gases de efecto invernadero es un reto ineludible. España no está en la buena senda para conseguirlo de momento y debe ser una prioridad acometer las políticas necesarias para cambiar en este sentido.
Impuesto al sol. De igual forma, Greenpeace considera que Álvaro Nadal, nombrado ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, debe derogar el Real Decreto de Autoconsumo Energético como primer paso para conseguir que España vuelva a ser una potencia mundial en energías renovables. La derogación de este lesivo Real Decreto forma parte del acuerdo firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos.
Apuesta por las renovables. España tiene una oportunidad de salir del modelo energético caduco en el que nos han sumido las dos últimas legislaturas y dar paso a una transición que ponga fin a la dependencia del petróleo y el carbón, las energías responsables del cambio climático, así como a las falsas soluciones como la nuclear y el fracking. El futuro del planeta es renovable y Greenpeace ha demostrado que España tiene la capacidad de ser 100% renovable, lo que supondría grandes beneficios sociales, económicos, de empleo y ambientales, como se recoge en el informe sobre Revolución Energética de la organización.
Seguridad alimentaria y acceso a los recursos. Greenpeace también demanda que las políticas que ponga en marcha el nuevo gobierno garanticen la seguridad alimentaria, el acceso al agua y a recursos básicos para nuestras vidas. Políticas que no permitan que los bosques desaparezcan pasto de las llamas por su falta de gestión, que la pesca sostenible tenga el peso y apoyo ministerial que merece y que se garantice la protección adecuada de las costas. En este sentido, Greenpeace espera que la demolición del hotel ilegal de El Algarrobico sea una realidad inmediata.
Fiscalidad ambiental. Impulsar una fiscalidad ambiental que redistribuya la carga fiscal y prime las buenas prácticas de ahorro, restauración ambiental y creación de empleo ligado al medio ambiente al tiempo que se desplaza la carga fiscal hacia la contaminación y el consumo de recursos debe ser otra prioridad del nuevo ejecutivo.
«Durante este periodo “en funciones” las carteras de energía y medio ambiente han continuado con las mismas políticas destructoras del medio ambiente de la anterior legislatura, prolongando concesiones como las de la papelera de ENCE en Vigo 75 años más, declarando de utilidad pública el gaseoducto de Gas Natural en Doñana o los pozos de fracking en Cantabria» ha declarado María José Caballero, Directora de Campañas de Greenpeace España, «así que todo apunta a que el medio ambiente continuará siendo marginal en las prioridades del Gobierno», concluye Caballero.
