En rueda de prensa desde Quito, Falconí indicó que se trata de un «fracaso total» porque «no se logró ningún acuerdo concreto entre los países desarrollados para reducir la producción de gases de efecto invernadero».
El canciller ecuatoriano defendió que desde su Gobierno se promueven iniciativas ecológicas como Yasuní-ITT, mediante la cual se mantiene petróleo bajo tierra a cambio de una compensación económica. La permanencia en el subsuelo de más de 850 millones de barriles evitaría la llegada a la atmósfera de unos 410 millones de toneladas de dióxido de carbono, según informó Prensa Latina.
Por su parte, la ministra Coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, denunció que en el foro celebrado en la capital danesa «se dieron prácticas antidemocráticas que transgreden la Carta de las Naciones Unidas y violan el principio de multilateralismo en los procedimientos para sacar a la fuerza un documento». A su juicio, «se trató de imponer a los países criterios que nunca fueron discutidos durante las reuniones de negociación», lo que terminó por desencadenar el veto de los representantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
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