Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la UE ha impulsado diversas medidas para disminuir su dependencia del gas, el petróleo y el carbón procedentes de Rusia, que antes representaban una parte importante de su suministro.
España, que cuenta con una posición más diversificada gracias a sus infraestructuras de gas natural licuado y su potencial en energías renovables, se presenta como un actor clave para acelerar esta transformación.
Tanto es así que ya ha asegurado que hoy defenderá que la UE ponga ya las fechas para la ruptura con Rusia como un paso más hacia en el camino hacia un futuro más limpio, sostenible y verde.
Ir despidiéndose de los hidrocarburos procedentes de Rusia
España apoyará hoy que la UE acelere la desconexión de los hidrocarburos rusos, pero quiere que esa ruptura se aproveche para avanzar en la transición hacia un modelo más limpio y autónomo, centrado en las energías renovables, la eficiencia y el gas verde.
«Hemos aprendido que la dependencia del gas natural de terceros países es peligrosa para la economía y para la seguridad europea y nacional«, dijo el secretario de Estado de Energía de España, Joan Groizard, a su llegada a un consejo de ministros de Energía de la UE celebrado en Luxemburgo.
La propuesta de la Comisión Europea para acabar con algunas importaciones a partir de 2027 y no comprar ni gas ni petróleo a Moscú a partir de 2028 agrada a España, pues contiene aspectos que Madrid ha reclamado desde el inicio del debate, como un enfoque europeo y «medidas jurídicamente solventes» para que las empresas puedan romper los acuerdos sin penalizaciones.
«España no solamente puede importar de cualquier fuente, España ya recibe gas de quince países distintos (…) pero sobre todo España está lista para sustituir la dependencia de gas natural independientemente de su origen. Vamos a avanzar en energías renovables, en electrificación, en gas renovable, en eficiencia energética», dijo Groizard.
El comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, dijo por su parte a su llegada a la reunión que confía en que los Veintisiete apoyen su propuesta, que los países deben fijar por mayoría cualificada y después negociar con el Parlamento Europeo, que quiere adelantar incluso un año las fechas.
El responsable comunitario agregó que el Ejecutivo ha mantenido conversaciones con los países más afectados y ha constatado que «casi todos» los Estados miembros apoyan el acelerón para separarse de los combustibles rusos, pese a las críticas de Eslovaquia y Hungría, y aseguró que Bruselas quiere ayudar a los socios con mayores desafíos, no sólo Budapest y Bratislava, a superar esos retos.
«Hay países que afrontan retos, y vamos a ayudarles con esos retos», añadió Jørgensen, quien recordó que la legislación debe aprobarse por mayoría cualificada y no por unanimidad, lo que elimina la posibilidad de veto por parte de un país.
La Comisión Europea, presionada por Estados Unidos en esa dirección, quiere que la UE acabe con los contratos de gas ruso a corto plazo en 2027 y un año después con los acuerdos a largo plazo, tanto por gasoducto como por barco.
En algunos países, esto genera dudas sobre la seguridad energética, especialmente en Hungría y Eslovaquia, dos Estados miembros de la UE cercanos a Rusia que se han beneficiado de excepciones en la legislación energética para romper con menos brusquedad su dependencia de los hidrocarburos de Moscú.
Otros países, como España, tenían dudas sobre la seguridad jurídica ante la posibilidad de que la ruptura de los contratos por fuerza mayor pueda generar litigios para las empresas importadoras.
«Habrá discusiones sobre algunas cuestiones específicas (…), pero confío en que lo esencial se mantendrá», señaló el comisario, quien reconoció que la ruptura con el mayor proveedor de gas a la UE hasta la invasión de Ucrania «no es fácil».
El Gobierno español defiende que la respuesta europea debe centrarse en tres pilares: el impulso de las energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y el desarrollo del gas verde o biometano.
Asimismo, España plantea que la transición energética debe acompañarse de una política de solidaridad y cohesión entre los Estados miembros, para que los países con mayores dificultades puedan adaptarse sin poner en riesgo su competitividad. EFE / ECOticias.com
