La Oroya en Perú: pasado tóxico y futuro incierto

“Los esfuerzos del presidente peruano para reactivar un complejo de fundición que tiene casi 100 años de antigüedad podrían superar un obstáculo crucial en una próxima subasta en la que cinco empresas han mostrado interés en presentar ofertas.”

A favor y en contra

Revivir La Oroya, un complejo minero ubicado en los Andes centrales del Perú, a casi 3.800 metros de altura, está en consonancia con el plan gubernamental de incrementar la capacidad de fundición del país.

Tales objetivos son poco consoladores para sus residentes, a quienes les preocupa que se repitan situaciones de contaminación por causa de la fundición; no quieren que cientos de niños en La Oroya vuelvan a sufrir niveles peligrosos de plomo en su sangre.

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Recuerdan que cuando la fundición funcionaba a pleno rendimiento sus chimeneas arrojaban tanto humo, que al mediodía a veces parecía que era de noche y el suelo se contaminó con metales pesados, que en algunas partes de la ciudad​​a alcanzan una profundidad de 60 cm.

Otros pobladores que tachan las preocupaciones por la contaminación como exageradas, defienden la reapertura de la empresa (que cesó sus actividades en 2009) explicando que traerá trabajo y prosperidad, dado que desde su cierre la cuarta parte de la población tuvo que emigrar por falta de empleos.

Un nuevo propietario

Cinco empresas, entre ellas la recolectora de residuos de acero propiedad de China GreenNovo Environmental Technology, han señalado su interés en comprar la fundición durante la subasta que ce celebrará a partir del 10 de marzo y que estará supervisada por un grupo de acreedores, entre los que figuran sus antiguos trabajadores.

Se espera que la fundición pueda, por ejemplo, procesar concentrados de cobre de la minera cercana Toromocho de Chinalco, que contiene niveles de arsénico que superan los límites de importación chinas, obligándoles a pagar tarifas especiales.

Cuando los dueños más recientes de la fundición, Doe Run Perú, controlado por el grupo Renco de Ira Rennert de Nueva York operaba La Oroya, las emisiones de dióxido de azufre superaban el límite diario de 365 microgramos por un factor de 10, según un informe del Ministerio de Medio Ambiente.

Doe Run Perú se declaró en quiebra sin terminar las actualizaciones ambientales obligatorias, argumentando que habían invertido demasiado dinero para tratar de transformar una empresa que había estado bajo control estatal durante décadas y que ya no resultaba rentable.

Una subasta de 2015 no logró atraer a ningún licitante porque los compradores potenciales no quisieron asumir la responsabilidad por la contaminación persistente, los contratos de trabajo para unos 2.200 trabajadores y la inversión necesaria para limpiar las instalaciones.

La pugna ahora está planteada entre el gobierno, que pretende flexibilizar los estrictos estándares de contaminación y los habitantes de La Oroya, que defienden que el complejo metalúrgico sea reactivado, pero de manera ambientalmente responsable.

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