Tres expertos en la Amazonía han confirmado que está en manos de todos frenar el deterioro de la Amazonía, y han alertado de amenazas como la minería para la extracción del oro.
«Para producir un solo anillo de oro se generan 20 toneladas de residuos«, ha avisado Pedro Sánchez, miembro del equipo de coordinación y responsable de comunicación de la Red Iglesias y Minería, que forma parte, también, del núcleo de comunicaciones de la REPAM (Red Eclesial Panamazónica).
Así lo ha indicado este martes 29 de octubre durante una mesa redonda en la sede de los Servicios Centrales de Manos Unidas en Madrid, con la participación de tres ponentes que forman parte de organizaciones con las que colabora la ONG española.
Bajo el título ‘Amazonía: la vida amenazada‘, los participantes han puesto en el centro la creciente preocupación internacional por los derechos humanos y el medioambiente en esta región que alberga la mayor biodiversidad del mundo y en la que habitan 30 millones de personas, de las cuales 2,5 millones son indígenas.
El responsable de incidencia política de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), Carlos García Paret, moderador del encuentro, ha sido el encargado de hacer un repaso por las grandes amenazas que, además de afectar a la biodiversidad de la región, ponen en grave riesgo la existencia de 400 pueblos indígenas.
«A pesar de que la Amazonía es la tercera gran reserva de recursos del mundo, no tiene, a día de hoy, ningún tratado que la proteja», ha asegurado García Paret.
Además de las amenazas como las industrias extractivistas, el agronegocio o la proliferación de infraestructuras como carreteras y centrales hidroeléctricas, ha denunciado las «amenazas y asesinatos de líderes campesinos e indígenas«.
La imagen de un delfín rosado, especie que únicamente vive en la Amazonía y que recientemente ha sido declarada en peligro de extinción por culpa de la contaminación derivada de la actividad minera, dio paso a la intervención de Pedro Sánchez.
La contaminación de las aguas y de la tierra con mercurio es, a juicio de Sánchez, una de las mayores amenazas para la vida en la Amazonía. «Cada día se arrojan al río más de 40 toneladas de mercurio y otros minerales tóxicos, derivados de la minería», ha declarado.
Pecadores ecológicos
«En la Amazonía el aire, el agua y la tierra están contaminados» ha asegurado, antes de subrayar la necesidad de que todos empiecen a reconocerse, como pide el Papa Francisco, como «pecadores ecológicos».
Sánchez se ha referido también a los desastres ocasionados por la práctica de la minería «a cielo abierto», que hace que se rompan los diques y que los residuos tóxicos inunden campos, ríos y poblaciones. Como sucedió en Yurimaguas, en Perú, y más recientemente en la comunidad brasileña de Brumadinho, «donde podría decirse que más de 200 personas fueron asesinadas por la minería», según ha indicado.
Por su parte, el misionero colombiano y presidente del consejo directivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y miembro de la red Iglesias y Minería, Alberto Franco, ha apelado a la responsabilidad de todos en el cuidado del planeta. «Porque el mundo es uno solo y en él todo está conectado, por lo que o lo salvamos entre todos o entre todos acabamos con él», ha insistido.
El religioso colombiano ha centrado su intervención en las consecuencias que el conflicto colombiano ha tenido sobre las poblaciones indígenas y campesinas, a las que acompaña desde hace más de tres décadas.
«La guerra y la violencia se explican muy bien cuando ponemos la lupa sobre la economía, porque la violencia está estrechamente relacionada con proyectos e intereses económicos», ha asegurado el misionero.
En Colombia, siete millones de personas fueron desplazadas por el conflicto. Y a esos siete millones de personas «les quitaron ocho millones de hectáreas de sus tierras, que quedaron en manos de personas que tenían intereses en el conflicto -periodistas, políticos, militares, empresarios-«.
«Y esos terrenos se utilizaron para sembrar palma, aunque luego se descubrió que debajo de la palma, había oro, uranio y petróleo», ha explicado.
La hermana Lucero Guillén, que lleva 36 años de vida misionera en la Amazonía y desde 2012 coordina la Pastoral de la Tierra, una iniciativa del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en Perú, ha hecho mención a los numerosos proyectos (infraestructuras, minería, eléctricas o cultivo de palma) dirigidos y planificados por el Gobierno, que se llevan a cabo en la Amazonía peruana y que afectan, principalmente, a los territorios indígenas.
«Y en los lugares donde se llevan a cabo, al paso de los años, solo encontramos desastres», ha lamentado la misionera. «Son los lugares más pobres, los que menos servicios tienen», ha añadido. Esa precariedad y esa pobreza extrema es lo que lleva a algunas comunidades a aceptar los proyectos que, al principio, parecen generar lo suficiente para cubrir sus necesidades.
Algunos territorios indígenas fueron titulados hace años, pero ahora tienen que actualizar los cambios que se han producido en las mediciones «para que las empresas no se aprovechen de la indefinición que hay», según ha explicado la religiosa.
El Gobierno ha dado préstamos para que se lleve a cabo esa titularización, pero eso no significa que los territorios sean realmente de estos pueblos. Los recursos naturales son patrimonio de la nación por lo que, según Guillén, el gobierno viene a decir: «Yo los exploto. Este es tu suelo, pero lo que hay debajo, yo lo gestiono».
La solución a todo esto, según ha precisado, «pasa por un cambio de la constitución para que los territorios pasen a ser propiedad íntegra de las comunidades indígenas».
En cuanto a las posibles soluciones, Alberto Franco ha propuesto «investigar y protestar»; Pedro Sánchez ha hecho referencia a lo acordado en el Sínodo para la Amazonía que plantea «una conversión ecológica, de comportamiento y pastoral»; y la hermana Lucero ha invitado a «ser honestos».
