A juzgar por el calentamiento global, el verde ya no es el color de la esperanza, sino sinónimo de catástrofe. Si los humanos no revertimos pronto la forma de consumir, producir y relacionarnos con el medio ambiente, las consecuencias a mediano y largo plazo serán irreversibles.
Modificar esa conducta autodestructiva es el desafío que tienen los países desarrollados y en desarrollo. Tendrán que alcanzar en Copenhague un compromiso concreto en la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático de la ONU, a partir del lunes próximo.
Los ricos tienen la mayor culpa. En el último siglo se aceleró un proceso biológico de millones de años del plantea, con la industrialización y el consumo de energías no renovables, responsables directos del calentamiento. Pero los países en desarrollo también tienen una cuota de responsabilidad. La deforestación mundial, que alcanza a 13 millones de hectáreas de bosques por año, en zonas tan críticas como el Amazonas y la selva Maya, provoca también gases de efecto invernadero.
Con el incumplimiento del Protocolo de Kioto que expira en 2010, los ambientalistas están escépticos de que en Copenhague se pacte reducir las emisiones entre el 25 y el 40% para 2020: la recesión económica será la excusa sobre la mesa. Sin embargo, la semana pasada EEUU y China, los mayores contaminantes del planeta, anunciaron reducciones del 17 y 40% para 2020, respectivamente, revirtiendo temores de que Barack Obama pudiera continuar políticas de su antecesor que antepuso intereses petrolíferos a Kioto, y que China si hiciera la distraída por ese motivo. Los europeos, conscientes de su culpabilidad industrial aunque más verdes que nunca, presionan para que las reducciones se retrotraigan a niveles de 1990 y no a 2005 como proponen chinos y estadounidenses, y llegar a 83% en 2050, para evitar la suba de los océanos, entre otras catástrofes anunciadas.
Lo más importante es que los europeos piden que el acuerdo de Copenhague sea vinculante, obligatorio, y que los países ricos implementen un fondo de 50.000 millones de euros anuales para pagar la factura del calentamiento en países menos pudientes. Centroamérica ya pide indemnizaciones, así como los presidentes Evo Morales y Rafael Correa, quienes responsabilizan a las multinacionales por explotaciones petroleras y mineras que dejaron comunidades enfermas y grandes extensiones de selvas contaminadas e irrecuperables.
El caso de Guatemala es patético, es el país más afectado del continente, aunque sólo produce el 1% de emisiones. Las sequías que arrojaron a cientos de comunidades al hambre y la malnutrición, así como la proliferación de bacterias por la subida de temperatura de 2 grados Celsius del lago de Atitlán, de 1968 a 2009, que abastece a cientos de miles de personas, son los efectos más notables del cambio climático.
La ecología no es un problema verde, sino multicolor. En México, por ejemplo, cada año se pierde entre el 8,8 y el 10% del PBI por degradación del ambiente, mientras en países latinoamericanos los hospitales públicos deben lidiar con nuevas enfermedades respiratorias e infecciosas agravadas por el cambio climático.
En Guatemala la tala indiscriminada diaria equivale a 200 canchas de fútbol, mientras en el Congreso siguen frenadas 14 leyes ambientales y en la Justicia sólo prosperó el 2% de 590 delitos denunciados por el ministerio de Recursos Naturales. Una verdadera impunidad ambiental.
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