La declaración constitucional del agua como bien de uso público pondría a Chile a la par de Uruguay y Ecuador como líderes latinoamericanos en la defensa de este recurso esencial.
Mediante un proyecto de reforma constitucional, el gobierno chileno reconoce que la disponibilidad del agua dulce es un asunto de seguridad nacional. Los ambientalistas saludan la iniciativa, mientras algunos sindicatos se preocupan.
«Las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares», dice el párrafo que se agregará al artículo 19 de la Constitución de Chile si se aprueba el proyecto enviado al parlamento el 7 de este mes por la presidenta Michelle Bachelet.
La iniciativa «abre un primer paso para resolver la crisis de acceso, contaminación, concentración y sobreexplotación del agua en Chile, y la degradación de las cuencas», declaró un grupo de organizaciones ambientalistas y de trabajadores de empresas sanitarias privadas luego del anuncio gubernamental.
El proyecto sorteó su primer escollo el 13 de este mes, al ser aprobado por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
El texto legal reconoce que el agua dulce, poca en el norte y más abundante en el sur del país, se ha transformado en un «bien escaso» y que su disponibilidad es «un asunto de seguridad nacional», mucho más que los hidrocarburos, que se pueden importar desde distintos países.
En todo el mundo, este vital recurso es amenazado por los efectos del recalentamiento planetario, que causa el derretimiento de glaciares y desastres naturales como sequías.
Chile tiene una de las principales reservas mundiales de agua dulce en forma de glaciares. Según el último recuento de la gubernamental Dirección General de Aguas, estos suman más de 3.500, ocupando unos 20.000 kilómetros cuadrados.
La reforma constitucional busca entregar a las autoridades las herramientas necesarias para que, «en caso de ser imprescindible», se limite o restrinja el ejercicio de los derechos de titulares privados y se reserven caudales de aguas superficiales o subterráneas para asegurar su disponibilidad, principalmente para consumo humano.
De esta forma, el país seguiría el camino de países como Ecuador y Uruguay, que redefinieron constitucionalmente el agua como bien público en 2008 y 2004, respectivamente.
Diversos gremios empresariales, como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y el Consejo Minero, expresaron de inmediato su preocupación por la iniciativa.
Para la SNA, el proyecto significará expropiaciones sin indemnizaciones para los agricultores e inversionistas. Su presidente, Luis Mayor, declaró que en Chile no hay escasez de agua sino sólo problemas de distribución que se pueden resolver con adecuaciones menores, por lo que se oponen a la reforma.
Para la directora del no gubernamental Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, los temores de los agricultores son injustificados, puesto que el proyecto establece claramente que se conservará «en su integridad el dominio que los titulares actuales tienen sobre sus respectivos derechos reales de aprovechamiento de aguas».
Luego de aprobada la iniciativa, se debe elaborar una ley para regular «el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que sobre las aguas se reconozca a los particulares».
«Nuestra expectativa es que antes de que termine este gobierno (el 11 de marzo) el cambio constitucional esté realizado», dijo Larraín ante una consulta de Tierramérica, considerando que las autoridades le otorgaron suma urgencia, lo cual significa que el proyecto debe ser conocido y despachado por ambas cámaras legislativas en un plazo de 10 días.
En marzo, el Programa Chile Sustentable publicará un libro sobre los conflictos por el agua en el país. Hasta ahora esta organización no gubernamental ha identificado centenares de disputas entre comunidades y empresas mineras, hidroeléctricas, forestales y agroindustrias.
Hoy las aguas dulces están reconocidas como bienes nacionales de uso público sólo en el plano legal, no constitucional. En cambio, la actual Carta Magna sí otorga al Estado control sobre los recursos mineros, por ejemplo.
En 1981 «con la entrada en vigencia de un nuevo Código de Aguas, se produjo un desbalance entre el bien común y los intereses de unos pocos particulares, desbalance que requiere ser corregido», argumenta el gobierno en el texto de la iniciativa legal.
«Dicha normativa dio origen a una concentración desproporcionada de derechos de aprovechamiento para fines hidroeléctricos, concentrando, según lo ha resuelto el tribunal de Defensa de Libre Competencia, el noventa por ciento de tales bienes en sólo tres empresas», entre ellas la trasnacional Endesa, reconoce el Poder Ejecutivo.
«Nosotros siempre hemos pensado que el agua es un bien común que debería estar en manos de todos los chilenos», dijo a Tierramérica Ana María Miranda, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, quienes dicen vivir una «contradicción» por participar en este pujante sector privatizado.
Por un lado, celebran que la cobertura de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas haya alcanzado 99,8 y 95,3 por ciento en 2008, pero por el otro cuestionan que esto se haya logrado a partir de cobros a los usuarios y de grandes utilidades a las empresas.
«Cuando nosotros vamos a otros países a exponer nuestra realidad, nos miran como privatizadores, pero nuestra lucha hoy es por recuperar los recursos hídricos (como bien público), y posteriormente volver las empresas al Estado, para que los usuarios paguen el precio justo y se reinviertan las utilidades en Chile. A lo mejor este proceso va a ser más largo», comentó.
Teresa Sarmiento, presidenta de la Asociación de Comités de Agua Potable Rural de la Región Metropolitana de Santiago, dijo a Tierramérica que «la primera prioridad del país debe ser el consumo humano». La entidad agrupa a diversas cooperativas que obtienen el vital recurso a través de convenios con el Ministerio de Obras Públicas.
Sarmiento saluda la reforma constitucional porque vendría a solucionar una serie de problemas administrativos, originados en el Código de Aguas de 1981, que, asegura, están impidiendo mejorar y ampliar estos sistemas.
Para Bernardo Zentilli, presidente del no gubernamental Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna, se requiere un mayor compromiso de la comunidad para empujar éstas y otras iniciativas que buscan proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas.
«La responsabilidad está en cada uno de nosotros, como ciudadanos. La mayoría de los chilenos no conoce sus derechos ni siquiera a nivel municipal, y menos a nivel regional o nacional», dijo a Tierramérica.
PNUMA
