Fusiles y leyes contra depredadores

El Estado de Nicaragua comenzó una política de «mano dura», con uso de la fuerza militar, contra los depredadores del ambiente, después de sostenidas denuncias de organizaciones y funcionarios sobre la destrucción de las dos mayores reservas de biosfera en el país.

El procurador especial del Medio Ambiente, José Luis García, dijo a IPS que la institución recibió la orientación de la Presidencia para pasar a aplicar de inmediato y «con todo rigor» las leyes relacionadas a delitos ambientales.

«Es una orientación específica» de la Procuraduría General (abogacía del Estado) y de la Presidencia «de aplicar juicios penales, administrativos y acciones civiles, contra todas aquellas personas acusadas de destruir y atentar contra el medio ambiente», detalló.

En diciembre, miembros de la comunidad indígena del pueblo mayagna llegaron hasta Managua para denunciar ante el gobierno nacional que sus territorios en la reserva de biosfera Bosawás, en el noreste del país, estaban siendo invadidos por miles de colonos procedentes de las regiones del centro y de la costa del océano Pacífico.

«Los invasores están destruyendo el ecosistema», plantearon alarmados los delegados mayagnas, cuya población en la reserva alcanza las 50.000 personas. También comparten ese hábitat ancestral 100.000 miskitos, el mayor pueblo originario del país. A ellos se suman oficialmente otras 100.000 personas, parte mestizas y parte colonos. A comienzos de enero, una comisión de diputados de la Asamblea Nacional y organizaciones ambientalistas visitó el lugar para constatar las denuncias de destrucción de los territorios indígenas de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).

En el recorrido, los legisladores constataron que la principal reserva natural del país, y una de las más grandes de América Central, ha perdido cerca del 60 por ciento de su cobertura boscosa por la invasión de campesinos y grupos organizados de traficantes de madera y tierras.

El ambientalista independiente Kamilo Lara, uno de los principales abanderados de las denuncias, confirmó a IPS que la acción depredadora de campesinos y traficantes de tierras ha dañado severamente no solo el área de amortiguamiento de la reserva, sino que ha deforestado grandes áreas de zonas vírgenes.

«Han destruido y siguen destruyendo el principal reservorio de agua y bosques del país. A ese ritmo de reforestación, en diez años la reserva será historia», dijo Lara a IPS.

Según sus cálculos, de los 19.896 kilómetros cuadrados que componían originalmente la reserva, aproximadamente 11.000 han sido depredados al expandirse el área de amortiguamiento, que en sus inicios era inferior a 5.500 kilómetros cuadrados.

En 1997, Bosawás fue declarada Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Situada en la frontera con Honduras, constituye 14 por ciento del territorio nicaragüense y es una de las zonas forestales más grandes de América Central y la segunda más grande de América Latina, con dos millones 181.000 hectáreas de especies forestales y bosques tropicales húmedos, con abundantes ríos cristalinos.

El otro gran reservorio boscoso nicaragüense, también en riesgo, es la Reserva Biológica Indio Maíz, que está localizada en la esquina sureste del país, bordeando el río San Juan, en la frontera con Costa Rica. Comprende un territorio de 3.180 kilómetros cuadrados y es territorio del pueblo rama.

De acuerdo al procurador García, los invasores que se habían establecido en el núcleo del reservorio forestal de Bosawás, fueron desalojadas con apoyo policial y del ejército, y los líderes que organizaron la invasión y vendieron las tierras, están siendo procesados en los tribunales de justicia.

Las leyes de Autonomía de las orientales Regiones del Caribe, regulan los territorios indígenas solo pueden ser ocupados y usufructazos por los miembros de las comunidades autóctonas y no pueden ser vendidos, cambiados, enajenados o usufructuados por nadie más.

Durante la visita de la comisión parlamentaria a la zona se pudo constatar que durante 2009 más de tres mil campesinos se apropiaron de unas 50.000 hectáreas de territorio indígena dentro del núcleo de la reserva, para talar y vender la madera, realizar cultivos artesanales y luego vender el área invadida a empresarios ganaderos del interior del país.

Hasta ahora, hay 27 personas detenidas y acusadas de organizar la invasión y atentar contra el medio ambiente por las acciones de Bosawás.

En ese contexto, el presidente Daniel Ortega planteó al Ejército de Nicaragua la creación de una unidad especializada contra delitos ambientales para custodiar 70 reservas y refugios naturales.

El general Adolfo Zepeda, portavoz del Ejército, dijo a IPS que las Fuerzas Armadas asumieron como una prioridad la propuesta presidencial y que en la actualidad se organiza la conformación del que se llamará Batallón Ecológico.

El problema que enfrenta la propuesta presidencial, es la falta de recursos económicos para dotar a la unidad especializada de capacidad de movilización por las reservas del país.

«El ejército ha dado prioridad al medio ambiente y estamos buscando alternativas para la conformación de esa unidad», dijo Zepeda a IPS.

Pero la posibilidad de que los militares incursionen en la protección de los recursos naturales ha generado suspicacias y desconfianza entre organizaciones de la sociedad civil y dirigentes indígenas.

El diputado Brooklyn Rivera, dirigente indígena de la RAAN, acusó al ejército de ser corresponsable de la depredación por tolerar el tráfico de madera y proteger a poderosos empresarios metidos en el negocio del ganado. «Las mafias madereras y los colonos invasores de las tierras indígenas en el Caribe Norte trabajan en contubernio con las instituciones del Estado, como el Instituto Nacional Forestal, que otorga los permisos para talar la Reserva de Bosawás, o se hacen de la vista gorda cuando pasan por un retén del ejército», denunció Rivera.

El legislador acusó directamente al ejército de recibir sobornos para permitir el tráfico ilegal de madera.

«En la noche y en la madrugada circulan los camiones cargados de madera. Lo que hacen es pagar en los tranques (puestos de control) del ejército y pasan tranquilamente», acusó Rivera.

Las acusaciones fueron negadas por el jefe del ejército, general Omar Hallesleven, quien exigió presentar pruebas a la par de las denuncias ante los tribunales.

Halleslevens dijo a IPS que las Fuerzas Armadas colaboran activamente en coordinación con la Procuraduría General, el Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional Forestal, para salvaguardar los recursos naturales de Nicaragua.

El presidente del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales (CIPA), Cirilo Otero, minimizó la propuesta de conformar una unidad militar especializada para resolver un grave problema ambiental.

«Nunca los problemas ambientales se resuelven por la fuerza intimidatoria de los fusiles. El asunto del ambiente requiere voluntad política y mucha educación, no fusiles ni botas», señaló.

Según Otero, la depredación de Bosawás lleva más de 10 años denunciándose desde CIPA y nunca el Estado ha tomado medidas reales de solución.

«Las armas y la fuerza deben ser para otra cosa. Para detener la destrucción ambiental se necesitan instituciones fuertes, recursos del Estado para darle otras opciones de vida a los campesinos, se necesitan políticas ambientales reales y concretas», señaló.

Para el sociólogo, la destrucción de las reservas del país está estrechamente ligada a la situación de pobreza del país.

«Un campesino sin tierras y con hambre, va, se mete al bosque, corta los árboles, mata un venado, quema la tierra y se mete a sembrar. ¿Qué hay que hacer? Darle opciones de sobrevivencia a esa persona, no apuntarle con un rifle», denuncio.

Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití. Más del 47 por ciento de su población vive en situación de pobreza, con ingresos menores a dos dólares por día, según las Naciones Unidas.

Para Javier Meléndez, sociólogo y analista del no gubernamental Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas, el uso de la fuerza militar para detener la destrucción ambiental es justificable únicamente si se acompaña de políticas ambientales ejecutadas por las instituciones civiles.

«El Ejército puede acompañar a las autoridades, patrullar las reservas y acudir a los llamados de ayuda de las instituciones estatales. Pero no deben convertirse en la justicia total en las montañas. Eso es peligroso», acotó.

Para el asesor del presidente Ortega en asuntos ambientales, Jaime Incer Barquero, más allá de la polémica sobre el uso militar para frenar la degradación ambiental, lo que se necesita de inmediato es la custodia de las reservas amenazadas.

«Lo más peligroso que podría ocurrirle al país, es que si se comprueba que no tiene capacidad de proteger la reserva natural de Bosawás, se podría perder la categoría de Biosfera y eso nos hundiría como país depredador», dijo a IPS.

PNUMA

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