Un debate de final abierto se desarrollaba hoy en el Senado argentino en torno a dos proyectos de ley para la protección de glaciares que dividen aguas entre los propios legisladores, los ecologistas y el sector minero.
El tema se ha salido de la clásica dicotomía oficialismo-oposición en el Parlamento, ya que hay división de posiciones dentro de varios bloques, incluso en el gobernante Frente para la Victoria.
El martes, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara alta firmó un dictamen de mayoría para discutir hoy en el recinto un proyecto de ley que había sido ya aprobado en el Senado en octubre de 2009 y cuyo autor es el senador oficialista Daniel Filmus.
Pero cuando esta iniciativa llegó a instancia de debate en la Cámara de Diputados, en agosto pasado, Filmus y el diputado opositor Miguel Bonasso, que impulsaba otro proyecto en la materia, consensuaron un nuevo texto que finalmente aprobó la cámara baja.
Filmus había ideado un proyecto propio luego de que en 2008 la presidenta argentina, Cristina Fernández, vetara una ley de protección de glaciares impulsada por Bonasso -hasta ese entonces oficialista- y aprobada por ambas cámaras del Parlamento.
La mandataria vetó aquella ley alegando que su puesta en práctica podría traer consecuencias negativas para la economía de las provincias mineras.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas acusaron al Gobierno de haber vetado la ley para proteger los proyectos de la minera canadiense Barrick Gold, en particular el proyecto Pascua Lama, situado en la alta montaña.
La iniciativa consensuada entre Filmus y Bonasso incluye una declaración de los glaciares como «bienes de carácter público», la protección de áreas de hielo en la media y baja montaña, la prohibición de la exploración y explotación minera e hidrocarburífera» y la «instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales».
Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de las organizaciones ecologistas, es rechazada por el sector minero, las provincias en las que esta actividad económica es preponderante y el secretario de Ambiente argentino, Homero Bibiloni.
«El proyecto impulsado por las empresas mineras y los gobernadores no establece plazos para hacer el inventario de glaciares y la auditoría sobre los proyectos en ejecución, por lo que es un pase libre para que continúe el saqueo de nuestros recursos naturales», dijo María Eugenia Estenssoro, senadora de la opositora Coalición Cívica.
Por su parte, el senador Juan Agustín Pérez Alsina, del Partido Renovador de Salta, una provincia minera, consideró que el proyecto girado por los Diputados veda todo tipo de actividad en amplias áreas y abre la puerta a múltiples presentaciones judiciales en contra de la iniciativa.
El debate de los senadores promete prolongarse hasta bien entrada la madrugada ya que hay cerca de una treintena de oradores que planea tomar la palabra en la sesión.
Según un sondeo realizado por la organización ecologista Greenpeace, son seis los senadores que aún no se han pronunciado sobre el tema y de cuyo voto dependería la elección de uno u otro proyecto.
«El proyecto de Diputados asegura que todos los cuerpos peri-glaciales sean protegidos, brinda un correcto régimen de prohibiciones, en el que quedan correctamente exceptuadas las obras de infraestructura y en materia de disposiciones transitorias se contemplan todas las situaciones que deben resolverse», dijo Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina.
PNUMA
