Ley de Antenas celulares, los temas que faltan por discutir

Cada cierto tiempo aparece en los medios de comunicación y en el discurso público una preocupación ciudadana sobre los efectos en la salud que podría traer la instalación de antenas de telefonía celular en zonas pobladas.

Con la entrada en vigencia del concepto de portabilidad numérica, la cada vez más creciente cantidad de aparatos móviles en el mercado (20.574.000 según datos del INE en diciembre de 2010) y la aprobación de la esperada “Ley de Antenas”, es necesario reflexionar sobre los posibles alcances que esta última normativa acarreará al ciudadano común.

El 11 de enero pasado, la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo), entidad que agrupa a todas las empresas del rubro, además de las de banda ancha móvil, señaló que la aprobación de la ley minimizará el impacto generado históricamente por la industria telefónica en materia urbanística y paisajística, pero maximizará la conectividad de los chilenos.

Según nuestra percepción, bastante optimista por cierto, este punto de vista es un tanto reduccionista pues no considera las oportunidades de participación que esta ley ofrece. Por una parte, no incorpora a la ciudadanía ni al gobierno local en el desarrollo de procesos que ayuden a la instalación de tan resistidas estructuras tecnológicas. Por otra,  no resuelve los problemas que su instalación genera en las comunidades, ni menos aún, suple un proceso de participación ciudadano.

Desde la perspectiva de los conflictos socioambientales, es muy probable que el cumplimiento de la normativa genere problemas entre las comunidades y las empresas. ¿Por qué? Básicamente porque la instalación de antenas deberá considerar una compensación a las comunidades o la posibilidad de subarrendar estos aparatos a otros prestadores de servicio.

¿Dónde está el riesgo? En el hecho de que, una vez decidido el lugar dónde se instalará la antena, se consultará a los vecinos si prefieren que se mimetice el impacto o que se compense con obras de infraestructura comunitaria. Es muy probable que quienes habitan más cerca de las antenas se inclinen por una mimetización, a diferencia de quienes están más alejados, que optarán por soluciones compensatorias. Esta falta de avenencia nos hace suponer que en comunidades menos organizadas, pudieran producirse divisiones entre las partes.

Además de lo antes mencionado, existe un tema ético no menor ¿Por qué sólo se comparten los impactos de esta tecnología entre los vecinos del área de influencia, pero los beneficios recaudados por concepto de arriendo de suelo sólo se concentran en el propietario del mismo?

Sobre este punto la normativa queda en deuda con el desarrollo sostenible. Previo a la promulgación de esta legislación, la instalación de antenas potenciaba las divisiones y conflictos en las comunidades, ¿pero qué pasará ahora? ¿Dónde está la diferencia?, ¿Cuál es el desafío que esta normativa presentará a quienes trabajamos por el Desarrollo Sostenible?

Visualizo dos alternativas:

  • Que las empresas generen y difundan en los medios de comunicación información relativa a los posibles riesgos que este tipo de antenas pudiera tener en la salud de quienes conviven a diario con ellas.
  • Aprovechar la coyuntura y plantearse una estrategia de participación comunitaria que permita a las empresas prestadoras de servicios disminuir los potenciales conflictos.

Desde nuestra perspectiva, el considerar estos dos caminos, permitirá manejar y transformar los conflictos, no evitarlos. Pero aún así, el considerarlos privilegiará un desarrollo sostenible considerando las dimensiones ambientales, sociales y económicas que se juegan en esta esfera.

 

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